Sin previo aviso ni coordinación con el Senado, la Cámara de Representantes aprobó ayer con 34 votos a favor y 14 en contra desafiar el veto expreso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares al proyecto senatorial 950, que limita el derecho al aborto.
El portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos Santiago, admitió que le tomó por sorpresa la decisión de la Cámara Baja y que auscultará hoy si tiene los votos para seguir los pasos de dicha Cámara.
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“No teníamos idea de que la Cámara lo iba a hacer. Nos enteramos a la vez que ustedes”, dijo Ríos Santiago en entrevista con Metro luego de conversar con el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
De contar con los votos y haber recibido alguna comunicación por parte de sus homólogos en la Cámara Baja, habrían reconsiderado la medida ayer mismo, aceptó. Si eso hubiese pasado, se habría convertido en ley.
Sin los votos… por ahora
El cuerpo necesitaría que dos terceras partes de sus miembros (20) voten a favor de desafiar la decisión de Rosselló Nevares.
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En la consideración inicial de la medida de Nayda Venegas, la aprobaron precisamente con esa cantidad.
Sin embargo, el senador y candidato a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero Lugo, dijo ayer en el programa Jugando pelota dura, que está “en contra de ir por encima del veto del gobernador”.
Eso deja al caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) con un voto por debajo de los requeridos. Zoé Laboy votó en contra inicialmente, así como siete de los ocho senadores del Partido Popular Democrático (PPD), el independentista Juan Dalmau Ramírez y el independiente José Vargas Vidot.
La senadora popular Rossana López León, también aspirante a la alcaldía de San Juan, insistió en entrevista con este medio en que está en contra de la medida. López estuvo ausente en la votación inicial el pasado 12 de marzo por una situación médica.
Más sorpresa con el desafío al proyecto de libertad religiosa
Ríos Santiago confesó que le sorprendió más aún que la Cámara Baja resucitara ayer el proyecto cameral 1018, que establecería la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico. Y es que Rosselló Nevares lo vetó el 7 de febrero de 2018.
Sin embargo, reconoció que la Constitución de Puerto Rico no establece límite de tiempo para retomar la discusión de la medida, que provocó controversias por entenderse discriminatoria contra algunos sectores, principalmente la comunidad LGBTTQ+, a quienes se les podrían negar servicios bajo el argumento de “libertad religiosa” .
“Nuestra administración tiene un compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos. Uno de los derechos más importantes de nuestro sistema republicano de gobierno es la libertad religiosa”, dijo entonces Rosselló Nevares enumerando las medidas que ha firmado en apoyo a este sector.
El proyecto fue presentado por el mismo presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, así como Guillermo Miranda Rivera y María M. Charbonier. Pasó por un comité de conferencia por diferencias entre ambos cuerpos legislativos.
A juicio de Ríos Santiago, las influencias “conservadoras” en la Cámara son aún más fuertes que las “religiosas”, por lo que sí podía imaginarse un contraataque en cuanto al aborto. Además, dijo que para Méndez Núñez se trata de una lucha “personal”, dado a su historia de vida: fue un niño adoptado que tuvo una oportunidad de vida.
“El presidente es una persona provida, muy conservadora, es religioso, y él ha hecho legislación de este carácter. Es un asunto que lo caracteriza”, agregó.
Conversaciones con el Ejecutivo
Fortaleza no reaccionó de inmediato a la decisión de la Cámara de Representantes, pero ya había convocado para mañana una conferencia legislativa a la 1:00 de la tarde.
“Nosotros estamos siempre viendo las alternativas; somos un solo equipo”, enfatizó Ríos Santiago, quien tomará hoy el pulso de los votos novoprogresistas para ambas medidas.
No es común que los legisladores utilicen sus poderes constitucionales para convertir en ley alguna medida vetada por el Ejecutivo.
Aunque a Rosselló ya le han intentado desafiar con varias medidas, por el momento no ha corrido la misma suerte de los exgobernadores populares Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla.
Con un “Gobierno dividido” de asamblea legislativa novoprogresista, Acevedo Vilá vio dos de sus vetos convertirse en ley. Uno de ellos buscaba que los legisladores municipales no pagaran contribuciones por sus dietas y gastos de viaje.
En el caso de García Padilla, fue un tanto distinto, ya que sí tenía una Legislatura popular, que fue por encima de su veto para evitar aumentos a un impuesto.
¿Cómo se pasa por encima de un veto del gobernador?
La Constitución del Estado Libre Asociado, en su artículo III, sección 19, establece que, si el gobernador “devuelve” un proyecto, la Cámara que lo reciba consignará las objeciones del Ejecutivo en el libro de actas, y ambas Cámaras lo pueden reconsiderar y desafiar. De ser aprobado por dos terceras partes del total de los miembros de cada una, se convertirá en ley.
“Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al gobernador, este quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto solo se convertirá en ley de firmarlo el gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido”, establece la Constitución.
