Luego de limar las asperezas entre Cámara y el Senado en el comité de conferencias, la Cámara Baja aprobó ayer el proyecto de los senadores Larry Seilhamer y Eduardo Bhatia para establecer una política pública energética, así como el marco regulatorio para la venta y concesión de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El representante Víctor Parés, presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, dijo a Metro que quedó satisfecho con la medida, pese a la oposición que recibieron algunas de sus enmiendas.
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“Hubiese preferido que en el caso (de un tope) de .20 centavos (el kilovatio/hora) se hubiese mantenido como una obligación para cualquier compañía que comprara en Puerto Rico”, explicó. El tope quedó más bien como un objetivo.
La medida tuvo varios traspiés, incluidas las diferencias entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y Fortaleza, en cuanto a la protección de los derechos laborales de los empleados de la AEE. Rivera Schatz abogó por mayores protecciones para los trabajadores y prevaleció.
Ahora falta la firma de Rosselló Nevares para convertirla en ley.
