Las disposiciones que establece el propuesto Código Civil podrían significar un obstáculo a los derechos de los pacientes y familiares. Al menos así lo describieron diversos sectores sobre los artículos que propone el Proyecto sustitutivo 1654 de la Cámara de Representantes que, por un lado, permiten rechazar o descontinuar un tratamiento médico que le prolongue la vida artificialmente a una persona, pero requiere que la persona lo haga mediante un documento ante un abogado notario.
En los artículos 79 y 80, dispone que la persona que decida rechazar el tratamiento debe tomarla estando en “pleno ejercicio de sus facultades mentales y anímicas, en instrumento público o privado suscrito ante notario”. En primer lugar, a la presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal, le preocupa que, para rechazar o descontinuar cualquier tratamiento médico, la persona necesite un documento notarizado, ya que requiere que la persona incurra en gastos al acudir a un abogado notario.
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“Hemos rechazado que se necesiten instrumentos que encarezcan los procedimientos y que se les haga difícil a las personas hacer la decisión. Partiendo de la premisa de que la persona tiene la capacidad, ¿por qué si tengo la capacidad no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer por escrito en un documento público o privado, pero que no sea ante notario, que sea firmado por mí?”, sostuvo la también abogada.
Por su parte, para Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, un documento firmado por un notario podría resultar problemático en algunas instancias. El galeno reconoció que muchas personas redactan “directrices avanzadas”, que no son otra cosa que determinar los tratamientos médicos que no quieren recibir. Como por ejemplo, que no sean entubados, que no se les practique resucitación cardiopulmonar (o CPR), entre otras. Sin embargo, Ramos indicó que, en un evento de emergencia, necesitar un documento ante un notario podría complicar el panorama para el paciente y sus familiares.
“Habría que ver cómo se maneja el evento agudo porque no tengo al notario allí. Por ejemplo, alguien que llega inconsciente, yo lo voy a tratar. En el caso agudo, eso sería un problema… Si no tengo un documento, tengo que darte todo el tratamiento”, precisó.
La representante y presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara baja, reconoció que la persona debe estar consciente y dejar por escrito que rechazará el tratamiento. Sin embargo, aseguró que —ante el evento de que un paciente no pueda presentar un documento firmado por un notario, debido a que experimenta una emergencia como un estado de coma— un familiar tiene la posibilidad de acudir a un tribunal para que se establezca una tutela especial cuando una persona “no puede ejercer ni actos administrativos ni dispositivos sobre su vida”. La legisladora añadió que, una vez al familiar se le haya otorgado la tutela especial, puede determinar el tratamiento a seguir o, incluso, “autorizar que lo desconecten”.
Sectores favorecen legalizar la eutanasia
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Por otra parte, Candal y Ramos rechazaron la prohibición de la eutanasia, la cual permitiría que una persona termine con su vida en caso de una enfermedad que implique dolor excesivo y sea incurable.
Por ejemplo, Candal cuestionó que el propuesto Código Civil permita que un paciente, voluntariamente, se niegue a recibir tratamiento, pero que no pueda optar por la eutanasia.
“Nuestra posición siempre ha sido a favor de la muerte digna, que la persona tome una decisión sobre su vida”, expuso Candal.
Por su parte, Ramos opinó que se debe establecer un marco regulatorio para la eutanasia y permitirse en algunas instancias.
Sin embargo, para Charbonier, aunque rechazar un tratamiento médico está amparado en la voluntad de las personas, la eutanasia es contraria al interés del Estado de “preservar la vida”. “El Estado no puede ser partícipe de eso [de la eutanasia] porque el principio que rige en todo el código es principalmente la vida”, argumentó.
