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Al denunciar la forma en que algunas empresas han realizado los procesos para solicitar las escuelas chárteres, la Asociación de Maestros expresó la posibilidad de acudir nuevamente al foro judicial, esta vez al tribunal federal, para que evalúe la constitucionalidad del uso de fondos públicos para empresas privadas administren escuelas.
“Nosotros como institución nos reservamos el derecho de ir al tribunal Supremo de Estados Unidos para que evalúe la constitucionalidad del uso de fondos para estas empresas en la administración de las escuelas”, manifestó la secretaria general de la Local Sindical de la AMPR, Grichelle Toledo.
En conferencia de prensa, los portavoces de la Asociación denunciaron el proceso que han llevado diversas entidades para solicitar y presentar propuestas para adquirir escuelas públicas alianzas.
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“En su momento habrán acciones concertadas que daremos a conocer y hacemos un llamado al señor gobernador Ricardo Rosselló, que detenga estas acciones que están provocando tensión y desasosiego entre los padre y el magisterio en Puerto Rico”, expresó el secretario de formación sindical, Ángel Javier Pérez.
Ambos aseguraron que las entidades han “violentado el reglamento” establecido tras la Ley 85 de Reforma Educativa, que debía haber sido entregado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
De acuerdo con el proceso establecido, las entidades deben cumplir con requisitos como: cuatro consultas a los estudiantes, maestros, padres y la comunidad, y deben presentar un plan educativo, plan fiscal, informes financieros, y tener una Junta de Directores.
Al presente hay unas 30 escuelas que trascendieron podrían convertirse en alianzas, pero algunas de ellas han sido retiradas por parte de sus proponentes.
