El Departamento de la Familia ya culminó la primera fase del proceso que dará paso a la implementación del Family First Act, programa creado por una ley federal con el objetivo de priorizar la unión y la rehabilitación en familia, sobre la reubicación inmediata de menores en riesgo a hogares sustitutos.
Los cambios debían entrar en vigor en octubre de este año, pero el Gobierno local solicitó una dispensa tras el paso del huracán María que le permitió lanzar el nuevo modelo a partir de 2021. Esto, a la vez le provee más tiempo de preparación, proceso que está sobre ruedas de la mano de Casey Foundation y el Instituto la Tercera Misión, de la Universidad Carlos Albizu.
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“Ya se terminó la primera etapa de (orientación) a las instituciones, a las facilidades residenciales y (definir) qué se espera de ellas”, explicó la secretaria de Familia, Glorimar Andújar Matos. “También hemos empezado el ciclo de adiestramiento”, agregó.
La idea es que, una vez se implemente Family First, lo que eran hogares recipientes se conviertan en familias mentoras.
“Ahora se hace de una manera separada. Se trabaja con los niños y se trabaja con las escuelas para los padres. En vez de hacerlo de esa manera segregada, pues hacerlo de una manera integrada”, explicó la titular.
Esto requeriría invertir de manera más proactiva en los servicios dirigidos a los padres.
Andújar Matos favorece este nuevo modelo porque los menores “siempre están preguntando por su familia biológica. Así que esa afinidad que existe con la familia son vínculos que no son para quitarlos”.
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Expertos en Estados Unidos levantaron bandera al momento de la aprobación, con la preocupación de que los menores quedarían a la merced de familias violentas que ya han cometido agresiones o negligencia.
Si entrara en vigor este año, unos 1,000 niños de los 3,300 bajo custodia del Departamento de la Familia tendrían que ser reubicados.
La medida federal obligará también a hacer cambios a la Ley 246, o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Por el momento, Familia sigue evaluando cuáles serán esas enmiendas, junto al equipo que lo apoya en la implementación y que incluye personal federal.
Otro nuevo modelo: el de financiamiento
Actualmente, el Gobierno federal establece topes a los estados para pagar a trabajadores sociales y otro personal, así como los reembolsos a los hogares sustitutos, una vez el menor entra en el sistema de cuidado del Estado. La prensa estadounidense reseñó la aprobación de la medida como “revisión dramática” o “el cambio más significativo” al financiamiento de estos servicios, puesto que bajo el modelo de Family First, las jurisdicciones pueden acceder a los fondos federales antes de que el niño entre en el programa.
“Los estados, para reclamar, tienen un tope. Puerto Rico no tiene. Esta es la primera vez (con los cambios) que Puerto Rico va a entrar en igualdad con todos los demás estados”, resaltó Andújar Matos. “Vamos a poder reclamar conforme a las necesidades que haya”, precisó.
Del mismo modo, aseguró que este nuevo paradigma no se traducirá en una reducción de plantilla o de proveedores de servicios, sobre todo trabajadores sociales.
“No se restan recursos, es que los recursos se reenfocan. Se dirigen hacia las nuevas filosofías”, explicó la titular.
