El representante popular Carlos Bianchi Angleró anunció el viernes la radicación de la Resolución de la Cámara 1326 que propone la creación de la Comisión Especial Investigativa de la Deuda Pública.
Esto, con la responsabilidad de realizar una amplia investigación sobre todas las emisiones de bonos, deudas y demás obligaciones contraídas por el gobierno de Puerto Rico, sus dependencias e instrumentalidades, así como por los municipios.
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“El tema de la deuda pública en el país es uno repetitivo. Sin embargo, nadie habla de establecer unos controles a nivel legislativo para evitar o prevenir que esto vuelva a ocurrir. Para esto necesitamos crear una comisión que investigue este asunto y obtener las recomendaciones pertinentes independientemente de lo que esté o no esté haciendo la Junta de Control Fiscal”, indicó Bianchi Angleró en declaraciones escritas.
El representante, quien es miembro de la minoría en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, indicó que el pasado cuatrienio se creó la Comisión para la Auditoría del Crédito Público como parte de las medidas adoptadas para manejar el entorno económico y fiscal de Puerto Rico por disposición de la Ley Número 97-2015 y alegó que la misma fue disuelta por acción legislativa de la presente administración.
Asimismo, alegó que esta acción tuvo por efecto que no se consumaran los objetivos previstos en la Ley 97-2015 referentes a definir la metodología para efectuar una auditoría integral de los créditos, las renegociaciones y otras formas de reestructuración; los montos pagados por capital e intereses; los impactos de contratación o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de programas y proyectos que son financiados con la deuda interna o externa; entre otros asuntos.
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“La derogación de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público por este gobierno se basó en que la Junta de Control Fiscal encomendó al Contralor General de los Estados Unidos realizar y someter al Congreso Federal una auditoría de la deuda pública del territorio de Puerto Rico. Al día de hoy esto no se ha cumplido”, expresó el representante.
Por último, alegó que desde el 30 de junio de 2016 al presente esta auditoría federal no se ha llevado a cabo, cuando el mandato expreso claramente especifica que en un término no mayor de un año luego de aprobado el estatuto, y al menos una vez cada dos años, el Contralor General de los Estados Unidos debía someter al Congreso un reporte de la deuda pública de Puerto Rico.
“Si no asumimos con rigor investigativo confiable la tarea de conocer las causas de la deuda pública estaremos de cara al futuro irremediablemente condenados a repetir la coyuntura histórica presente donde hasta la provisión de los servicios esenciales al pueblo estarán a merced de unas decisiones unilaterales de la JCF y la falta de un plan de ejecución gubernamental eficaz”, finalizó Bianchi quien representa a Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán.
