SACRAMENTO, California, EE. UU. — El gobernador de California firmará el miércoles una orden suspendiendo la aplicación de la pena de muerte en el estado y anulando las normas para inyecciones letales que habían sido objetadas por grupos civiles.
El gobernador, Gavin Newsom, además ordenará el cierre de la nueva cámara de ejecuciones en la Prisión Estatal de San Quentin que nunca llegó a ser usada.
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“La matanza intencional de una persona es inmoral y como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo”, declarará el mandatario regional en su discurso, que fue entregado a la prensa con anterioridad.
Añadió que la aplicación de la pena de muerte ha sido “un fracaso” que “ha discriminado contra presos que son mentalmente discapacitados, que son negros o hispanos o que no pueden pagarle a un abogado”.
Denunció además que muchas veces personas inocentes son convictas y ejecutadas.
California, el estado que más condenados a muerte tiene con 737, no ha ejecutado a ninguno desde el 2006, cuando era gobernador Arnold Schwarzenegger. Y si bien en un referéndum en el 2016 ganó por estrecho margen la opción de agilizar la aplicación del máximo castigo, ningún preso fue ejecutado.
Desde la última ejecución efectuada en California, su pabellón de la muerte abarca uno de cuatro condenados a la pena máxima en todo Estados Unidos. Entre ellos está Scott Peterson, cuyo juicio por la muerte de su esposa Laci estremeció al país y Richard Davis, quien secuestró a la niña Polly Klaas, de 12 años, y la estranguló.
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Sin embargo, no todos están de acuerdo con el gobernador californiano.
Newsom “ha usurpado la expresión popular de los habitantes de California y la ha reemplazado con sus preferencias personales, mediante esta moratoria apresurada y equivocada de la pena de muerte”, denunció Michele Hanisee, presidenta de la Asociación de Fiscales del Condado de Los Ángeles.
Si bien se da por descontado que la declaración de Newsom será objetada en los tribunales, sus allegados señalan que la constitución estatal le da la potestad de revocar penas de muerte, y que él no está alterando fallos judiciales ni permitiendo la libertad temprana de ningún preso.
