Falta de transparencia, incumplimiento de requisitos para acceso a fondos federales, sobrefacturación y favoritismo son algunas de las conclusiones a las que llegó la Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Departamento de Educación (DEPR) respecto a la contratación del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics para la implementación del programa ¡Desarrollando Carácter! (segunda versión de programa Tus Valores Cuentan), de la mano del subcontratista local Camera Mundi.
Los once puntos señalados por la OAI en el documento en manos de Metro revelan un patrón de incumplimiento por parte de cierto personal del DE con normas y procesos ya establecidos en el “Manual de procedimientos para proyectos a ser sufragados por fondos federales” a través de planes de trabajo y durante el proceso de evaluación y otorgamiento del contrato a Josephson.
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La violación a los procesos comenzó, incluso, antes de que dicho instituto presentara siquiera su plan. De comunicaciones emitidas por Josephson, se desprende, según la OAI, que las negociaciones para su contratación comenzaron previo a la presentación de su propuesta el 30 agosto de 2017.
“Es categórico señalar que la redacción del plan de trabajo a la medida resultó en la identificación de Josephson como la única entidad calificada para ofrecer los servicios”, subrayó la Oficina.
“La Unidad de Adjudicaciones en colaboración con un asesor legal de la SAAF (Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales), realizaron una búsqueda en Internet sobre los criterios establecidos en el plan (de trabajo del DE) y determinaron que Josephson era la única entidad que reunía todas las características solicitadas. A tales efectos, le fue solicitada una propuesta de servicios”, lee el documento. Sin embargo, Josephson ya había sido seleccionado antes de esa búsqueda.
La OAI llega más lejos al sostener que existe la posibilidad de que primero haya sido escogido el proveedor de servicios, en vez de que el DE llevara a cabo un estudio de necesidades que identificara los problemas que afectan el alcance de objetivos establecidos y que, posteriormente, se determinara el método para atender la situación.
“Estas situaciones aumentan el riesgo de aprobar planes que no cumplen con los estándares mínimos, cuestionan la transparencia de los procesos e imparcialidad y pueden resultar en un mal uso de fondos federales”, sostiene la auditoría, aspectos que, según los auditores, validan otras evaluaciones a las que hace referencia la OAI, que no identificaron una necesidad real en el plan de trabajo creado por el propio DE. La auditoría interna del DE culminó el 31 de octubre de 2018 y produjo un reporte al que la agencia gubernamental había negado el acceso. Metro obtuvo el documento por medio de fuentes.
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Según el DE, los hallazgos del informe fueron enviados a la Oficina del Inspector General y al Servicio de Gestión de Riesgos del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) “para cualquier acción apropiada”, lee una carta firmada por la secretaria Julia Keleher, enviada a Michael Josephson, fundador y presidente del Instituto en cuestión, el pasado 12 de febrero de 2019.
Los auditores concluyeron que Josephson Institute of Ethics no participó en las orientaciones que fueron ofrecidas por la SAAF y Subsecretaría de Asuntos Académicos (SAA), pese a que se trata de una asistencia compulsoria para los proponentes, de acuerdo con los requisitos establecidos en el manual.
“La aceptación de un plan por un proponente que no ha sido orientado afecta la eficiencia del proceso y aumenta el riesgo de presentar un plan deficiente, que no cumpla con los requisitos mínimos de un estudio de necesidades sustentado y población a impactar, entre otros”, señaló la OAI.
Ante la petición de acceso al documento, en declaraciones escritas Aniel Bigio, director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DE, sostuvo que, “históricamente”, el Departamento ha arrastrado deficiencias en los procesos de otorgamiento de contratos que han dado paso a múltiples problemas de cumplimiento y casos judiciales a lo largo de los años. “Es un problema heredado”, indicó.
Pero de acuerdo con el documento de la OAI, Josephson reconoció que no asistió a las orientaciones y argumentó que había sido orientado por personal en la Oficina de la Secretaria.
“Esto cuestiona los principios de trasparencia, igualdad e imparcialidad que deben prevalecer en procesos de competencia y evaluación de los planes de trabajo”, subrayan los auditores internos.
La OAI recibió un referido en abril de 2018 y, como parte de la bandera levantada, el documento explica que también se presentó el cuestionamiento sobre la relación contractual entre Josephson Institute y la Compañía Camera Mundi, como resultado de la participación de esta última en la implementación del proyecto en las escuelas. Camera Mundi fungía como coordinador local con una función técnica de ejecutar los programas originados por el Instituto; es decir, eran el brazo operacional de Josephson en Puerto Rico. Cuando Metro reveló en marzo del pasado año el otorgamiento del Contrato a Josephson, también sacó a la luz pública —como parte de la misma investigación periodística— que fue la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, quien solicitó una reunión a principios de 2017 para presentar a Jorge Díaz, presidente de Camera Mundi, y la secretaria Keleher, para retornar el programa de Tus Valores Cuentan, que ya había sido implementado en 2010. La OEG dijo entonces a Metro que, en esa reunión, la secretaria del DE mencionó que “podía buscar ayuda con fondos federales” para revivir el proyecto.
La auditoría señala que, “cuando el DE aceptó la propuesta (del Instituto), autorizó implícitamente a Josephson a implementar el programa con la asistencia de Camera Mundi. Sin embargo, cabe señalar que durante el proceso de evaluación de propuesta, ni en la posterior revisión para la contratación final, se documentó quién sería la organización local, su experiencia, el rol que desempeñaría y cuál sería la participación de estos”.
También concluyó que no hubo un Comité de Evaluación de Planes de Trabajo (CEPTA) formalizado, como establece el manual, y que hubo intervención de miembros que no figuraban como parte del CEPTA.
“La ausencia de un comité formalizado, no establecer una cantidad mínima de miembros y que estos formen parte de los programas académicos de la SAA representan una ausencia de segregación de funciones y podría implicar en conflicto de intereses y/o concesión de privilegios, minando la transparencia del proceso”.
El CEPTA inicialmente hizo ocho señalamientos y luego de una segunda revisión, recomendó el endoso de la SAA y el plan fue remitido a la SAAF el 8 de junio de 2017. Pero las deficiencias prevalecieron. En la SAAF, el plan fue evaluado y aprobado de manera condicional en junio de 2017.
El proponente sometió un plan enmendado el 7 de julio de 2017, pero solo corrigió la mitad de los señalamientos y no se atendieron “asuntos críticos”. Aún así, el contrato se firmó el 22 de diciembre de 2017.
Al 3 de julio de 2018, Josephson había sometido 221 facturas para un total ascendente a $6,448,600, que están pendientes de pago. La auditoría encontró facturas por recursos no identificados a participar de los adiestramientos, facturación por actividades que no estaban alineadas entre el plan de trabajo y el contrato otorgado, sobrefacturación de acuerdo con las descripciones de las tareas incluidas y conflictos respecto a los servicios ofrecidos.
