El andamiaje de la nueva Oficina del Inspector General (OIG), readiestrar a los auditores, así como mantener comunicación con la Junta de Control Fiscal (JCF), son algunas de las prioridades destacadas por la Inspectora General de Puerto Rico, Ivelisse Torres para sus primeros días de gestión.
“Mi plan de trabajo va enfocado, primeramente, a implementar la figura del preinterventor en las entidades gubernamentales, principalmente para lo que es el pago de facturas. Los preinterventores dentro de las agencias juegan un papel muy importante y lo sé porque lo implementé tanto en la Comisión de Desarrollo Cooperativo como en COSSEC”, expuso la funcionaria a Metro.
Según Torres, más de 100 auditores que actualmente trabajan en otras agencias pasarán a trabajar bajo su oficina. Antes, dichos auditores presentaban sus investigaciones a los jefes de agencia, tarea que ahora tendrán que presentar al inspector general. “Actualmente, los auditores, además de que tienen que hacer auditorías internas, responden al jefe de la entidad, eso significa que el jefe de la entidad es el responsable de atender los hallazgos de esas auditorías internas e implementar las acciones correctivas. Eso no garantiza en estos momentos criterio de independencia ni tampoco tenemos la seguridad de que cada hallazgo realizado por ese auditor interno se haya corregido”, explicó Torrres.
De acuerdo con la funcionaria, ahora ella tendrá que llamar la atención a los jefes de agencia según las investigaciones de los auditores, y estos tendrán la responsabilidad de implementar las medidas correctivas.
En caso de que no se implementen, la OIG puede recurrir a entidades como el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor, al Tribunal, entre otros. Además, expuso que la ley exige que al final de año fiscal se entregue un reporte de las investigaciones a la Asamblea Legislativa y al gobernador.
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Asimismo, Torres comentó que publicarán las investigaciones en la página web de la agencia una vez se culminen.
Mantendrá comunicación con la Junta
Aunque recalcó que su oficina no está bajo la Ley Promesa, Torres manifestó estar en disposición de mantener comunicación con la JCF. “La Junta de Supervisión Fiscal tiene injerencia en todo el Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, tendremos que establecer también unos vínculos de comunicación adecuados de acuerdo con lo que sea la Junta”, expuso.