La Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz un nuevo Código Civil que diversos sectores han catalogado como discriminatorio y distante de la realidad social del siglo XXI.
El proyecto, de la delegación del Partido Nuevo Progresista, defendido particularmente por María Milagros Charbonier, establece, por ejemplo, que “en el acta de nacimiento original no pueden autorizarse enmiendas sobre el sexo de nacimiento de una persona”.
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Para el representante popular Luis Vega Ramos, “eso es papel moja’o porque ya el Tribunal (de Distrito), en el caso (Arroyo González v. Departamento de Justicia) resolvió que se puede, pero no deja de ser doloroso porque demuestra que todavía sigue habiendo un prejuicio grande contra esta comunidad”.
El independentista Denis Márquez coincidió. “Yo hubiese querido que un proyecto tan importante como ese hubiese sido buscando un consenso más amplio y no aprobarse solo con el voto de la mayoría, pero cumplimos con votarle en contra”.
Según Vega Ramos, el nuevo ordenamiento, además, “lanza al clandestinaje” los casos de maternidad subrogada.
“Al decir que no puede haber ningún tipo de contrato para el servicio del cuerpo, cualquier contratación para establecer los términos relacionados con una maternidad subrogada es ilegal. Y eso se tendría que dar por debajo de la mesa. Es tan extrema que no permite tan siquiera que los papás adoptantes puedan acordar con la mamá subrogada que le van a pagar los gastos médicos, que le van a pagar la alimentación, cualquier gasto extraordinario durante el estado de gestación”.
Para el representante popular, otro asunto preocupante es “que se introduce una figura llamada la concesión administrativa sobre vienes públicos. Esto permite que se le pueda conceder a una parte privada para su lucro —solo con la única condición de que sea por un tiempo definido — bienes del pueblo de Puerto Rico, como podrían ser terrenos de alto valor ecológico, plazas, obras de arte… Es una especie de privatización al vapor que puede ser sumamente perjudicial, incluyendo para los bienes naturales e históricos”.
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El nuevo Código Civil también elimina causales de divorcio, reconociendo solamente la ruptura irreparable y el consentimiento mutuo, mantiene los 21 años como la mayoría de edad, prohíbe el matrimonio para menores de 18, exige pruebas de VIH/Sida para contrayentes, entre otras tantas modificaciones.
Márquez dijo que, aunque podía coincidir con algunas áreas, el retroceso en materia de equidad y otras preocupaciones motivaron su voto en contra. Criticó, además, el proceso en que fue aprobado, con alrededor de 30 enmiendas que se presentaron al momento. “No las he podido ver todavía, se aprobaron a última hora”.
El Código Civil vigente es de 1930, y desde 1994 hay un esfuerzo por transformarlo. “Lo que desgraciadamente aparenta haber pasado es que a ese documento de 20 años le inyectaron, en el borrador que se radicó en agosto, unas concepciones ideológicas, filosóficas y hasta religiosas”, opinó Vega Ramos. María de los Milagros Colón
