Retroceso imperdonable

Lea la opinión de Lara Mercado

Por Lara Mercado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 830 mujeres mueren diariamente a nivel global por complicaciones relacionadas al embarazo y el proceso de parto. Contrario a lo que alguien que lee el Proyecto del Senado 950 pudiera pensar, no mueren por practicarse abortos. En Estados Unidos, referente obligatorio nuestro, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estima en 700 las muertes anuales de mujeres embarazadas y en proceso de parto. Las muertes por abortos practicados en ambientes regulados y seguros son menos de una por cada 100,000 procedimientos en los Estados Unidos.

El P. del S. 950, que al momento de escribir estas palabras no se ha llevado a votación en el Senado, demoniza un proceso clínico confidencial entre una paciente y su proveedor médico y propone trabas que complicarían y harían más costoso el acceso a estos procedimientos. Limitar burocrática o económicamente el acceso a este proceso no lo va a erradicar de nuestra isla. Complicar el proceso de acceder a estos procedimientos lo que provocará es la proliferación de abortos inseguros que ponen en riesgo a miles de mujeres anualmente en el mundo.

¿Por qué negarles a las puertorriqueñas su derecho a la intimidad, según lo definió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, además de su dignidad y el acceso a una vida saludable? El aborto como procedimiento médico es regulado y auditado por el Departamento de Salud, practicado por profesionales médicos certificados y, según lo evidencia data del propio gobierno, es cada vez menos practicado. Los números del CDC indican una tendencia similar a nivel de todo EE.UU.

Hacer del aborto un proceso virtualmente inaccesible vulnerabiliza a la mujer, pero también presenta un problema para el Estado y el frágil sistema de salud que tenemos. La historia nos muestra que el limitar el acceso al aborto afecta con mayor peso a las mujeres pobres y pertenecientes a grupos minoritarios quienes sufren doblemente la vulnerabilidad ante legislaciones como esta.

Las estadísticas globales muestran que cerca de la mitad de los abortos en el mundo se practican en condiciones inseguras según las describe la OMS, practicados por personal no capacitado, haciendo uso de materiales peligrosos o en facilidades antihigiénicas.  Permitir que Puerto Rico se sume a esta estadística sería un retroceso imperdonable.

La posibilidad de que como sociedad voluntaria y activamente busquemos coartarle derechos a las mujeres debería ser cosa del pasado. Sin embargo, esta legislación atenta contra la lucha de décadas de poder acceder a procedimientos seguros.

Si queremos salvar vidas, seamos más sensibles, más compasivos y estudiemos la realidad de estos procesos con data constatable. De otra parte, promovamos políticas públicas de educación sexual y reproductiva adecuadas y garanticemos el acceso a procedimientos de salud adecuados para cada puertorriqueño y puertorriqueña.

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