La propuesta Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, o marco regulatorio para la privatización y concesión de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), podrá ver al fin su aprobación luego de que se armonizaran las enmiendas de la Cámara de Representantes con las que el Senado no estuvo de acuerdo, que consisten principalmente en la composición de la Junta de Gobierno de la corporación pública y fijar un tope de 20 centavos al costo del kilovatio/hora.
“La semana pasada hicimos unos acuerdos escritos que se enviaron para discusión. Estamos esperando finalmente que el Senado los pueda revisar y pueda decidir si están de acuerdo o no”, confirmó a Metro el representante Víctor Parés Otero, autor de las enmiendas.
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Sobre la composición de la Junta de Gobierno, acordaron que se quede tal como está ahora: tres escogidos por el gobernador de turno, que provienen de una lista producida por una firma de búsqueda de talentos que requerirán el aval del Senado; tres a sola discreción del gobernador, de los que uno será “independiente”; y el miembro del interés de los clientes, que se escoge mediante elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
“Como está al presente cumple con lo que era el espíritu (de la medida inicial) que era la despolitización”, planteó el senador Laurence “Larry” Seilhamer, coautor del proyecto junto al portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia Gautier.
“Ahora yo me siento cómodo porque de un listado de talentos se seleccionan a tres personas que son totalmente independientes a los que pueden ser intereses de intervención política”, explicó el senador en entrevista con este medio.
La enmienda aprobada en la cámara baja planteaba que el gobernador nombraría cinco de los siete miembros, dos de ellos recomendados por los presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente; dos a discreción del primer ejecutivo y uno recomendado por colegios profesionales y otras entidades.
“Hay un casi acuerdo de mantener como está hoy. No cambiaría”, expresó Parés.
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Las enmiendas presentadas por Parés Otero también planteaban un tope de 20 centavos el kilovatio/hora a las tarifas de las empresas privatizadoras.
“Acordamos que se mantenga en el proyecto, pero estamos cambiando un poco el texto de lo que se señaló (…) para que sea algo de proyección”, explicó Parés Otero.
“Está dentro de lo que son los objetivos de la AEE, pero no es un requerimiento, no es un mandato, es algo aspiracional”, aclaró Seilhamer.
Aunque el gobernador Ricardo Rosselló se había expresado a favor de aspirar a un costo de 20 centavos, se expresó en contra de la medida una vez aprobada en la Cámara Baja.
De acuerdo con Seilhamer, fijar un tope es contraproducente y permitiría que se inflen los costos independientemente de los gastos de producción.
“Estamos buscando establecimiento de microrredes, de cooperativas de energía, de generación distribuida, que sea el residente el que produzca su propia energía y el excedente se le venda a la AEE”, dijo el Senador, convencido de que la transición a energía limpia finalmente provocará que se abaraten los costos.
La medida, ya con las asperezas limadas, está en manos de los asesores del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, explicó Seilhamer confiando en que baje el informe y se apruebe en las próximas dos semanas.
Privatización sin política pública definida
A pesar de que esta medida todavía no es ley, es decir, la política pública energética no ha sido confirmada, los esfuerzos de privatización siguen avanzando con precualificaciones de empresas, redacción de reglamentos y otros trabajos.
A juicio de Parés Otero, esto se explica porque “lo que ellos (la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) están trabajando es la APP para la transmisión y distribución. No lo de venta y generación, que ya hicieron un proceso de ir al mercado a tocar base, (pero) no están tan adelantados”.
El representante explicó que el marco regulatorio se enfoca más bien al tipo de energía que se utilizará. “En el caso de la transmisión y distribución no requería tanto un marco regulatorio”.
Recordó, además, que ambos cuerpos legislativos tienen representantes en la Junta de Directores de la AAPP que podrían revisar y discutir los contratos con sus respectivas delegaciones.
