La Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer ha dormido por años el sueño de los justos, evitando que se facilite la navegación en todas las etapas de diagnóstico y tratamiento, de acuerdo con una ponencia de la Sociedad Americana Contra el Cáncer.
“La falta de aprobación de un reglamento por el Departamento de Salud y la falta de nombramiento de un organismo directivo que vigile la implementación de los derechos consagrados en esta carta nos ha retrotraído al mismo lugar en donde estuvimos allá para antes del 2012”, sostuvieron en el documento que se debió presentar ayer en una vista pública de la Cámara de Representantes.
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En ese caso, discutirían una medida para establecer normas uniformes para el tratamiento de diagnóstico de los pacientes de cáncer, pero la vista de la Comisión de Salud, presidida por Juan Morales Rodríguez, fue cancelada y, hasta ayer, no se había establecido una nueva fecha.
La Carta de Derechos fue aprobada el 27 de septiembre de 2012, y en marzo de 2018, se enmendó para “establecer como responsabilidad de los proveedores de servicios de salud, referir a todo beneficiario diagnosticado con cáncer a la cubierta catastrófica del plan de cuidado de salud del Gobierno de Puerto Rico”. La medida fue de la autoría de Jacqueline Rodríguez Hernández.
Aunque catalogaron la medida como loable, “no nos ha acercado a esa realidad. Por el contrario, se ha arrojado a los pacientes de cáncer, quienes poseen unas circunstancias complicadas y únicas, a su suerte y a competir en una cubierta de carácter general y de recursos limitados”.
Al final, el problema no es de política pública, sino de ejecución, lo que podría permitir definir los tratamientos disponibles para los pacientes.
Según el documento firmado por la vicepresidenta de Cáncer Control y Servicio al Paciente, María Cristy, el ordenamiento jurídico no se ha traducido en beneficios a los pacientes y la falta de una estructura con recursos humanos que atiendan las querellas y violaciones a los derechos consagrados, lo han tornado “inoperante e inexistente”.
Sobre la medida que debió discutirse ayer, el proyecto del Senado 1096, de la autoría de Eric Correa Rivera, la Sociedad Americana Contra el Cáncer se posicionó a favor por entender que “limita gestiones y acorta dilaciones”. Aún así sugirieron añadirle que se añadan términos de ejecución y se aclaren asuntos relacionados con fondos.
