En momentos en que se espera que baje a votación pronto el proyecto que impondría nuevas regulaciones al aborto en Puerto Rico, se retomó ayer el debate sobre si es o no necesaria dicha legislación.
Entre los grupos que levantaron su voz ayer en rechazo está la Mesa de Trabajo sobre el Aborto, que denunció falta de transparencia en el proceso legislativo del Proyecto del Senado 950.
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“No se ha presentado ni divulgado el proyecto que se está trabajando. La única versión que se conoce es solo la de noviembre, que muchas agencias se opusieron”, señaló la portavoz de la Mesa, Edda López, acompañada por otro grupo de mujeres que hicieron acto de presencia en las escalinatas del lado Norte del Capitolio. Señaló, además, que “es un proyecto totalmente innecesario y complaciendo a grupos fundamentalistas”.
El grupo criticó que no tienen información sobre cuál versión es la que se está desarrollando en el Senado, y cuestionaron su validez al exponer que “en Puerto Rico no existe ningún problema urgente que haya que atender respecto al aborto”.
Asimismo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó que no se haya hecho pública una nueva versión ni se haya actualizado la información del proceso legislativo de la medida. La portavoz de la ACLU, Mayte Bayolo Alonso, sostuvo que el último trámite público que existe sobre la controvertible medida es de noviembre. En ese entonces, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Asuntos Federales Políticas y Económicas, para enmendarlo por petición de su autora, la senadora Nayda Venegas Crown. La pieza legislativa se había enmendado para eliminar las principales disposiciones de controversia.
“Se puede estar trayendo al piso del Senado hoy (ayer) o en los próximos días”, añadió Bayolo Alonso al argumentar que “en un Gobierno democrático debe existir transparencia. No puede haber secreto alrededor de un proyecto”.
“Este proyecto podría tener un efecto devastador en torno a los derechos reproductivos, de la mujer y el derecho a la intimidad”, precisó Bayolo Alonso.
Las mujeres presentes señalaron también que, cuando se imponen restricciones a esa práctica, podría ocurrir lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones, donde se han cerrado clínicas de aborto. Plantearon que, en vez de discutir el tema del aborto, pidieron al Senado y la Cámara de Representantes que legislen sobre educación integral en sexualidad, prevención en violencia de género y apertura a declarar estado de emergencia ante casos de violencia.
