CARACAS (AP) — La Contraloría General de Venezuela anunció el lunes la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Paralelamente, el autodeclarado presidente interino aseguró que entregó a una asociación civil un primer cargamento de ayuda humanitaria.
En un abierto desafío al presidente Nicolás Maduro, quien ha rechazado que su país necesite ayuda humanitaria como sostiene la oposición, Guaidó señaló en su cuenta de Twitter que entregó un cargamento de suplementos alimenticios para niños y embarazadas a una organización privada que cubre varios hospitales y dispensarios, denominada Asociación de Centros de Salud (AVESSOC).
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El opositor no mencionó dónde estaba esa ayuda, cómo la recibió, quién la envió, ni si llegó del extranjero. Su jefe de prensa, Edward Rodríguez, dijo a The Associated Press que los suplementos alimenticios fueron entregados en una iglesia de Caracas, aunque no dio más detalles.
La primera ayuda incluye 1,7 millones de raciones nutricionales en polvo para niños y 4.500 suplementos de ácido fólico e hierro para embarazadas.
En la cuenta de Twitter del líder opositor fueron colocadas algunas fotografías del momento en que Guaidó hacía la entrega de la ayuda humanitaria.
El dirigente indicó que gracias a “esfuerzos importantes” esta primera ayuda llegó a Caracas, y exhortó de nuevo a la fuerza armada a que no bloquee el ingreso de la ayuda al país.
El primer lote de ayuda será distribuido entre diferentes organizaciones que atienden a la población más empobrecida, indicó la directora de AVESSOC, Sohely Subero, en un comunicado de prensa.
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Estados Unidos envió la semana pasada el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, aunque hasta ahora no se ha reportado que haya sido introducida a territorio venezolano.
Maduro ha calificado como un “show” los llamados de la Asamblea Nacional para que se envíe ayuda humanitaria.
En un acto de gobierno televisado, Maduro expresó la urgencia de “derrumbar las mentiras”, que según él, recorren el mundo como parte de una “guerra psicológica, mediática” que tiene entre sus objetivos que “nadie se acerque a Venezuela, que nadie venga a invertir”.
“No hay otro país en el mundo con mayores oportunidades, con mayores ventajas para la inversión”, dijo Maduro en un acto con motivo del lanzamiento de la Marca País “Venezuela”, una estrategia de mercadeo para levantar la imagen e identificar los productos de la nación sudamericana.
Venezuela “necesita conectarse, generar confianza, atraer inversiones para que esas inversiones se conviertan en riqueza real… y desarrollo para nuestra patria”, acotó el gobernante, resaltando que es oportuno promover positivamente el país ahora que está “en el ojo del huracán geopolítico del mundo”.
Horas antes, en declaraciones difundidas por la televisora estatal, el contralor general Elvis Amoroso dijo que se decidió investigar el patrimonio de Guaidó, tras supuestamente detectar que “ocultó o falseó datos” en su declaración jurada y recibió dinero de entidades internacionales “sin ningún tipo de justificación”.
El opositor se declaró presidente interno de Venezuela el mes pasado.
Al justificar el proceso, Amoroso, quien hasta el año pasado se desempeñó como segundo vicepresidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, dijo que los diputados del Congreso no pueden recibir “ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado”, pero no ofreció detalles.
El senador republicano Marco Rubio desmereció la investigación abierta sobre el patrimonio de Guaidó.
Durante una conferencia ofrecida en The Heritage Foundation, Rubio afirmó que los funcionarios leales a Maduro “burocratizan la represión” y tratan de hacer creer que “cualquier cosa que ocurra es el resultado de alguna investigación y proceso legal”.
La acción de la Contraloría General, un órgano manejado por el gobierno que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, se da a menos de dos semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera a Guaidó la salida del país, congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud que realizó la Fiscalía General que investiga al líder opositor por hechos violentos ocurridos en enero.
Desde el mes pasado, el gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen una pugna tras declarar que el presidente Nicolás Maduro usurpa el cargo al ser reelecto en comicios que la oposición considera una “farsa”.
Las tensiones se han acrecentado en los últimos días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar al país ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos y Colombia.
Las autoridades venezolanas bloquearon la semana pasada un puente fronterizo que comunica la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado suroccidental del Táchira para impedir la entrada de la ayuda humanitaria.
El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció el lunes que fue reforzada la presencia militar en la frontera, pero no ofreció detalles. Padrino López descartó que la medida tenga que ver con el “show de la ayuda humanitaria”, y planteó que el reforzamiento de la presencia militar está relacionado con los delitos que se cometen en Colombia como el contrabando, el narcotráfico y el “paramilitarismo” que estarían afectado a Venezuela.
En Washington, el emisario del gobierno opositor ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, adelantó que Guaidó solicitará esta semana a ese ente colaboración para celebrar comicios presidenciales en caso de que Maduro abandone el poder.
Tarre presentó informalmente la solicitud al reunirse el lunes con Francisco Guerrero, secretario de fortalecimiento de la democracia en la OEA. El pedido incluye también el envío de una misión de observación.
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