El presidente del Colegio de Actores de Puerto Rico (CAPR), José Martínez, acusó el viernes, ante el Tribunal de San Juan a WIPR, Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; y a su presidente, Rafael Batista Cruz, de “intentar violar” la Ley 146 de 2011.
“En el recurso radicado en el Tribunal en respuesta a una petición de desestimación de WIPR, el señor Batista pretende pasar gato por liebre al alegar que la publicación en Facebook del anuncio o aviso para reclutar talentos para el TDR es equivalente a una convocatoria formal de empleo y no lo es. Para una convocatoria existen procedimientos como lo son una notificación adecuada, descripción del puesto a contratarse y detalle de los requisitos y beneficios que se ofrecerán a quienes sean contratados”, dijo Martínez en comunicación escrita.
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Explicó que el CAPR reclamó ante el Tribunal los alegatos de que Batista publicó en Facebook un anuncio o aviso “que pretende hacer pasar como una convocatoria formal de reclutamiento laboral, en la que no se da a conocer el reglamento que impone la ley para contratación”.
“Ese proceder”, asegura el CAPR, “pretende además desconocer y excluir de contratación a los actores y actrices que han laborado en el Taller Dramático de Radio AM (TDR) de WIPR desde sus comienzos, como una medida de discriminación”.
“El Artículo 8 de la Ley 146-2011 es muy específico y dispone que ‘El Presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica promulgará un reglamento para la implantación de las disposiciones contenidas en esta Ley’; lo cual no ha ocurrido en este caso”, indicó Martínez.
“Esa obligación de ley que viola el presidente de WIPR es precisamente la que exige en el Tribunal el CAPR que se cumpla”, añadió por su parte, el coordinador de PROSOL-UTIER, Luis Pedraza Leduc.
Pedraza Leduc argumentó que la Ley 146-2011, estableció además en su Exposición de Motivos que ‘La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Publica cuenta en estos momentos con una emisora radial de onda media (frecuencia AM) que ofrece taller a cerca de cuarenta talentosos artistas mediante variada programación’, los mismos que ahora reclaman una justa contratación y el correcto procedimiento que establece la ley”.
“La Ley 146 de 2011 lo dice bien claro: ‘Lo que se pretende aquí es garantizar la continuidad de este taller artístico y cultural para beneficio de la clase artística y de nuestro pueblo’; algo que evidentemente pretende violentar el señor Batista”, insistió Martínez.
