En momentos en que la incertidumbre fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) puso en jaque la acreditación de los once recintos, la asamblea de estudiantes de Río Piedras exigió que los sacrificios fiscales también salpiquen a la administración reduciendo los sueldos de la alta gerencia.
Ayer, durante la primera asamblea general que celebran los universitarios riopedrenses en este año académico, la estudiante Alejandra Torres recordó que el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, cobra $240 mil anuales.
Además de esta exigencia, los estudiantes aprobaron participar de una Asamblea Nacional que se celebrará el 10 de abril y convocarán una segunda asamblea de recinto antes de que acabe el mes marzo.
El encuentro se llevó a cabo en el Coliseo Roberto Clemente. Aunque estuvo convocado a las 10:00 a. m., no fue hasta las 2:04 p. m. que alcanzaron el quórum con 1,510 estudiantes registrados, de los 1,352 requeridos.
Sin embargo, en medio de la discusión sobre la acreditación por parte de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), cerca de las 5:00 de la tarde, constataron que el quórum se redujo y la asamblea pasó a ser informativa.
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El encuentro coincidió con la visita de oficiales de la MSCHE a Puerto Rico, luego de que la entidad acreditadora colocó a los once recintos en muestra de causa, o show cause, tras incumplir con la fecha para entregar los estados financieros auditados.
A la UPR le corresponde demostrar su viabilidad fiscal a pesar de los millonarios recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF), además del alza en el costo del crédito subgraduado de $56 a $115 y un recorte de 50 % a las exenciones que entró en vigor este año.
De acuerdo con las bases presupuestarias discutidas por el representante estudiantil del Recinto de Río Piedras ante la Junta Universitaria, Sergio Gandía Vargas, la UPR comenzaría a operar en déficit el próximo año fiscal. Las proyecciones de ingreso para ese año son de $1,136 millones, pero la institución necesitaría con $1,145 millones. De 2019 a 2023 se proyecta una disminución de ingresos de $267 millones.
Se espera que la decisión de la MSCHE se anuncie en mayo.
Una de las propuestas presentadas una vez perdido el quórum fue una “Marcha Multisectorial Nacional contra la JCF y los Recortes”. Gabriel Casals confirmó que el Movimiento Estudiantil (ME) estará convocando al evento para el 22 de febrero.
Otras mociones aprobadas incluyen evaluar la infraestructura del recinto y su cumplimiento con la Ley ADA para el acceso de personas con diversidad funcional, pedir que se eliminen los prerrequisitos para el curso de lenguaje de señas y que haya más cursos, así como exigir que se mejoren las condiciones del Complejo Deportivo. Otros temas discutidos fueron la situación de las residencias estudiantiles y la reforma universitaria.
Contra los agresores sexuales
Uno de los primeros asuntos atendidos fueron las denuncias de acoso y agresión sexual, particularmente por parte de profesores a estudiantes, por lo que la asamblea impulsó que se evalúen los protocolos para atender querellas.
“Los mecanismos son deficientes. No protegen a las personas que hacen las querellas, protegen a los agresores y a la misma administración universitaria”, dijo Sofía Vázquez, del ME.
El rector Luis Ferrao Delgado defendió en declaraciones escritas que “en nuestro recinto atendemos con un celo extremo este tipo de incidentes, mientras observamos los más rigurosos protocolos para proteger la privacidad de quienes se ven inmersos en estos procesos. Reitero nuestro compromiso con la observación estricta de este credo institucional”.