CARACAS — El líder de la oposición, Juan Guaidó, busca aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro con paros en toda Venezuela el miércoles, un día después de que el asediado gobierno socialista prohibió la salida de Guaidó del país mientras se le investiga por actividades antigubernamentales.
El hombre que desafía el reclamo de Maduro a la presidencia instó a los venezolanos a salir de sus casas y dejar sus puestos de trabajos durante dos horas a partir del mediodía, en la primera movilización masiva desde que se autodeclaró el líder legítimo de la nación hace una semana en otra ronda de multitudinarias protestas.
“El régimen está en su etapa final”, dijo Guaidó.
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Los últimos movimientos políticos en Venezuela hicieron que dos docenas de países, incluyendo Estados Unidos y varias grandes naciones latinoamericanas, respaldasen a Guaidó. El gobierno de Donald Trump impuso además nuevas sanciones a la nación petrolera que podrían exacerbar el hambre ante una situación de grave crisis económica.
Pero Maduro se mantiene firme en su negativa a renunciar. En los últimos días, supervisó ejercicios militares mientras trata de consolidar el respaldo de las fuerzas armadas y acusó a Washington de organizar un golpe de Estado.
En una entrevista con la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti el miércoles, Maduro dijo que está “dispuesto a sentarse en conversaciones con la oposición por el bien de la paz y el futuro de Venezuela”. El mandatario señaló además que el diálogo podría estar mediado por otros países. Moscú es uno de los principales aliados de Maduro y se ofreció a ejercer de mediador.
Maduro acusó además al presidente de Estados Unidos de ordenar un ataque contra él desde Colombia y aseguró estar al tanto de las “órdenes” de Donald Trump para que el gobierno colombiano y una mafia local lo maten.
El Tribunal Supremo de Justicia prohibió el martes que Guaidó abandone el país luego de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación contra el enemigo de Maduro, quien preside la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Saab es un aliado clave de Maduro y el alto tribunal está copado por leales al presidente.
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Durante un acto con militares el martes, Maduro dijo que “saldremos victoriosos” porque están “en el lado correcto de la historia”.
El tribunal decretó las medidas contra Guaidó luego de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió que el ejecutivo de Maduro enfrentaría “serias consecuencias” si el líder opositor sale dañado.
Hasta el momento, Guaidó ha evitado ser arrestado y el Tribunal Supremo no lo despojó de su inmunidad legislativa, aunque la nueva investigación podría indicar que el gobierno de Maduro está dando pasos para tomar un enfoque más punitivo.
Durante una intervención en el exterior de la Asamblea Nacional, el líder opositor dijo el martes que estaba al tanto del riesgo personal que corre.
“No desestimo las amenazas y la persecución en este momento”, afirmó Guaidó.
Estados Unidos, que se ha erigido como su aliado más poderoso, anunció el martes que le concedió el control de las cuentas bancarias de Venezuela en el país.
El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, certificó que Guaidó tiene autoridad para supervisar las cuentas de Caracas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o en cualquier otra entidad financiera asegurada por Washington. Pompeo dijo que esta medida “ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a proteger esos activos” en beneficio de los venezolanos.
Washington ya había impuesto el lunes sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que podrían privar al gobierno de Maduro de 11.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones durante el próximo año.
La economía de Venezuela sufre una profunda crisis marcada por una hiperinflación desorbitada y una severa escasez de alimentos y medicamentos que han llevado a millones de personas a abandonar el país.
Maduro criticó las sanciones y dijo que tomaría medidas para desafiarlas en los tribunales estadounidenses.
Las violentas manifestaciones callejeras estallaron la semana pasada luego de que, durante un multitudinario acto de la oposición en Caracas, Guaidó declaró que había asumido los poderes presidenciales en virtud de la Constitución y que planeaba convocar nuevas elecciones para terminar con la “dictadura” de Maduro.
Según la Constitución venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional está capacitado para asumir las labores del jefe del ejecutivo bajo una serie de circunstancias en las cuales la presidencia esté vacante. La oposición alega que la reelección de Maduro en mayo fue una farsa.
Guaidó, que hasta unas semanas era un legislador poco conocido, ha revitalizado el movimiento opositor planteando tres objetivos inmediatos: terminar con la “usurpación” de poder de Maduro, establecer un gobierno de transición y celebrar nuevas elecciones presidenciales.
El Departamento de Estado estadounidense emitió el martes una advertencia a sus ciudadanos para que “no viajen” a Venezuela por la posibilidad de detenciones arbitrarias o de verse atrapados en protestas. Washington colocó a Venezuela en la parte más alta de la lista, donde también están Siria, Afganistán e Irak.
Por otra parte, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a casi 700 personas durante una única jornada de protestas antigubernamentales, un récord en el país en al menos 20 años. Además, se cree que más de 40 personas perdieron la vida, agregó.
Los aliados de Maduro culpan a la oposición de esa violencia y niegan el conteo de fallecidos así como los reportes de que entre los arrestados había menores.
Los líderes del Partido Socialista han estado convocando contramanifestaciones con miles de seguidores de Maduro en diferentes partes del país.
Maduro anunció el martes que la ampliación de la milicia civil armada del país a dos millones de efectivos. La fuerza de reserva fue creada por el fallecido Hugo Chávez para entrenar a civiles para asistir a las fuerzas armadas y defender la revolución socialista de los ataques.
