Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), recomendó que sea la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la que imprima la tarjeta de Licencia de Armas, ante la falta de recursos en la Policía de Puerto Rico.
“La Policía de Puerto Rico, como agencia, queda descalificada para llevar de forma eficiente una oficina de licencias de armas. Eso debe recaer sobre otra agencia de gobierno, como es el caso del estado de la Florida, donde la oficina de agricultura administra los permisos de armas y en Puerto Rico debería hacerlo la CEE”, afirmó Torres Meléndez.
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Las expresiones las hizo Torres Meléndez durante la tercera vista pública ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes, donde se discute el Proyecto del Senado 1050 para crear una “Ley de Armas de Puerto Rico de 2019”, a los fines de actualizarla con las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos de América validando la posesión y portación de armas como un derecho individual y fundamental protegido bajo la Segunda Enmienda de la Constitución Estadounidense; derogar la Ley 404-2000, según enmendada y enmendar la Ley 241-1999, según enmendada, conocida como “Nueva Ley de Vida Silvestre”.
Aunque existen 13 registros de armas ubicados en las 13 regiones de la Policía de Puerto Rico (Ponce, Caguas, Mayagüez, Guayama, Humacao, Fajardo, Bayamón, Utuado, Abonito, Arecibo, Carolina, San Juan y Aguadilla), dijo que algunas están cerradas por falta de personal, de equipos o materiales para tramitar las nuevas licencias, afectando al ciudadano que está pagando por un servicio.
“Para terminar con esta situación, recomendamos que se delegue esa función a la Comisión Estatal de Elecciones, que cuenta con 118 oficina alrededor de la Isla, posee el sistema necesario y estaría a un nivel no regulador, de servicio al ciudadano”, enfatizó. Actualmente, la CEE ofrece 16 servicios de excelencia a los ciudadanos, tales como: certificados de matrimonio, certificación del CRIM, de Vivienda, de ASUME, de radicación de Planillas de Hacienda, certificación de Antecedentes Penales.
Sobre cómo funcionaría el proceso, Torres Meléndez explicó que “el ciudadano entregará los documentos a la Policía y, al momento, realizará el pago de $125.00 mediante los sistemas POS, ATH, VISA o MC. El dinero será consignado en una cuenta especial de la Policía de Puerto Rico para el pago de extras y beneficios para los policías activos y retirados”.
De aprobarse el P. del S. 1050, la Policía estaría obligada en ley a completar los trámites dentro de 30 días, y luego de ese período, el ciudadano podrá visitar a la Junta de Inscripción Permanente (JIP) más cercana, donde el personal verificará en sistema si la Policía de Puerto Rico autorizó la impresión y entrega de la licencia. “De esta forma, le damos un respiro al registro de armas de la Policía de Puerto Rico”, puntualizó.
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Por otro lado, Torres Meléndez advirtió que la nueva Ley de Armas traerá consigo un movimiento exagerado de renovaciones de personas que llevan años con sus licencias vencidas y con sus armas. Por ende, recomendó que “se apruebe una amnistía y de haber una multa, que la misma no exceda de $250.00, los cuales también serían pagaderos en la Policía de Puerto Rico”.
En cuanto a la gran polémica con el registro de armas de la Policía de Puerto Rico, el presidente de CODEPOLA recordó que en los estados de la nación norteamericana, ese proceso descansa en la agencia federal “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives”, (ATF) por sus siglas en inglés, “por lo que para Puerto Rico sería transparente el hacer cualquier trámite con armas, pues actualmente no se vende un arma si no se llena la forma 4473 de ATF, y no se procede con la misma hasta que el FBI lo autorice. En otras palabras, que la Policía de Puerto Rico tenga un registro de armas es totalmente innecesario”.
De la misma forma, Torres Meléndez consideró innecesario la licencia de armero o armería por parte del Departamento de Hacienda, ya que cada armería en Puerto Rico es como cualquier otro negocio, que debe cumplir con todas las obligaciones fiscales de una corporación.
“He tratado de entender para que existe una licencia de armero si la misma no sirve para nada. Con la licencia que emite Hacienda, yo no puedo comprar armas en los Estados Unidos. Es más, yo menciono la licencia de Hacienda y se echan a reír. La licencia que tiene valor es la FFL, o sea, la Federal Firearms License. Por ende, recomendamos que para hacerle justicia a los armeros en Puerto Rico se elimine de la ley y de cualquier reglamento y cualquier intervención de Hacienda, excepto para el trámite de los documentos que se le requieren a cualquier negocio debidamente establecido. Esta licencia tiene un costo anual de $500.00 por un documento que reiteramos, no la podemos utilizar para nada”, concluyó Torres Meléndez.
CODEPOLA cuenta con una matrícula de 6,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas el derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley #404) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país. Para más información pueden entrar al portal www.codepola.com, a la página de Facebook codepola o llamar al 787-708-8311
