Educación defiende acuerdo con “voluntaria” de fundación

La consultora que desde julio de 2018 ha estado trabajando en el Departamento de Educación (DE) en “carácter voluntario” con una promesa de contrato con la Puerto Rico Education Foundation (PREF), y quien laboró en McKinsey & Co., ha asistido a partir de entonces a reuniones con la Junta de Control Fiscal (JCF) junto con el personal ejecutivo de la agencia.

“Las reuniones se dan en el marco de dar seguimiento y continuidad a los planes de implementación de reformas que la Junta y el Gobierno han identificado para el Departamento de Educación, incluidas en el Plan Fiscal Certificado”, explicó a Metro el portavoz de prensa de la JCF, José Luis Cedeño. “La Sra. Hernández ha participado en calidad de consultora del Departamento de Educación”.

Kari Hernández llegó al DE en julio del 2018, la misma fecha cuando cesó labores con la firma de consultoría financiera McKinsey & Co., principal asesor de la JCF, según confirmó a este medio Greg Romano, portavoz de prensa de la compañía.

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Fue dentro del contexto de reuniones entre miembros de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AFFAF), equipo de McKinsey y el DE, que la secretaria Julia Keleher conoció a Hernández.

“Ella estaba ahí y no tenía injerencia en los asuntos detallados de Educación ni nada, venía con el equipo”, aseguró la secretaria. Para julio de 2018, aseguró, ya no existía ningún vínculo entre Hernández con McKinsey y la JCF. “Ella salió de lo que era el engagement (compromiso) que ella tenía con la Junta en aquel momento que estaba trabajando”, indicó la secretaria, al tiempo que defendió el peritaje y la experiencia laboral de la consultora y su compromiso de que “un mejor sistema educativo se dé”.

“Lo que es bueno es tener el peritaje y la experiencia de una persona que ha trabajado al nivel que Kari ha trabajado, que tiene un conocimiento, una manera de hacer análisis de datos, de planificar”, reiteró. Keleher descartó cualquier conflicto de interés y aseguró que la consultora no toma ninguna decisión de manera independiente ni ejecuta instrucciones que no sean las de ella.

“No hay nadie que pueda representar los intereses del Departamento de una manera que no sea cónsona o no coincida con lo que es mi misión, eso no puede pasar. En el momento en que ella o cualquier otra persona haga algo contrario a lo que yo quiero, puede irse”, subrayó. 

Sobre las labores de Hernández dentro del DE, la secretaria afirmó que “ella ejecuta lo que son las instrucciones mías”.

Una fuente de este medio aseguró el martes que Hernández ejerce funciones comparables a las de un empleado gerencial del Departamento. “Esto incluye que da instrucciones al chief staff del Departamento, a la directora de la Oficina de Asuntos Federales, a los directores regionales, al área de compras y demás”, indicó.

Por su parte, Keleher, defendió el trabajo de Hernández. “Esas quejas sirven como evidencia de que se está cambiando cómo el Departamento trabaja y se está poniendo un enfoque en el seguimiento y de hacer cumplir las promesas que hace la agencia. Eso puede entender que incomoda”, expresó la titular del DE.

Keleher asegura fundación anónima “quiere ayudar”

Metro reveló ayer que el DE recibe servicios de Hernández “en carácter voluntario” desde julio de 2018, una de las personas que figura en la lista de mentores que serán contratados por la PREF, como parte del plan de la secretaria Keleher para la ejecución de los procesos de transformación y reorganización de la agencia pública.

El contrato que obtendría Hernández a través de la PREF podría cifrarse entre los $125 mil y $250 mil, de acuerdo con dos fuentes de Metro. La directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Enid Reyes, sostuvo en entrevista con este medio que los acuerdos —tanto el de Hernández como el otros consultores— aún se están negociando. Dijo que los detalles se darían a conocer en cuanto culmine el proceso, aunque no así el dato específico de los salarios asignados. Tampoco se ha dado a conocer el nombre de la entidad que hizo un “donativo importante” a la PREF, que especifica para qué se utilizará el dinero —afirmó Manuel Cidre, vicepresidente de la Junta de Directores de la PREF— y que facilitó la contratación de consultores que dará servicios al DE.

A juicio del licenciado Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, no existe ningún impedimento para que el acuerdo firmado que existe entre el DE y la PREF haya una disposición que establezca que la calidad de anonimato no puede utilizarse en los contratos, donaciones o servicios que de manera directa o indirecta afectarán la agencia pública y su funcionamiento, y que se protejan las leyes existentes contra la corrupción. Román sostuvo que la intención de mantener en el anonimato, o como información confidencial, tanto al donante como los detalles de los salarios levanta suspicacia.

“Esa información debe ser pública y estar disponible para que el negocio que se vaya a hacer, el contrato que se vaya a hacer en relación con nuestro Gobierno, sea un contrato o negocio que se ajuste a las leyes de ética, a las leyes de contabilidad del Gobierno y a la necesidad que tiene el pueblo de saber quiénes son los que están interviniendo en los asuntos públicos”, explicó.

El acuerdo actual firmado entre el DE y la PREF no contiene ninguna cláusula de ese tipo, reconoció Keleher, aunque no descartó que se haga una enmienda. “Lo podemos crear”, dijo, añadiendo que consultaría el asunto con los abogados del DE.

El licenciado argumentó que, ante un esquema de contratación que el propio DE describió como “novel”, el Departamento de Justicia en conjunto con la división legal del DE deben evaluar el acuerdo, y que Justicia emita una opinión.

Keleher, por su parte, aceptó tener conocimiento del nombre de la fundación que hizo la donación, aunque no lo reveló en la entrevista, por la condición de anonimato peticionada por la entidad a la PREF. Aseguró que consultaría con la entidad la posibilidad de revelar el nombre y que “la agencia quiere ser transparente”.

Dijo comprender “de dónde viene la preocupación”, cuando se le plantearon escenarios hipotéticos sobre esquemas en los que una entidad privada podría obtener beneficios a partir de su donativo. No obstante, descartó que la razón del anonimato se deba a algo distinto a la buena voluntad.

“No me parece de ninguna manera que es así. Ellos de verdad quieren entender a Puerto Rico, quieren ayudar, quieren que los niños tengan una educación de alta calidad. Han venido a visitar las escuelas, a conocer a las personas. Sencillamente se enamoraron de Puerto Rico, con un amor hacia el otro que quiere subsanar heridas”, argumentó la secretaria.

Sobre el acuerdo de Hernández, la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, se limitó a decir que no contaba con los detalles de los procesos de contratación y acuerdos entre el DE y la PREF, “pero, en términos generales, lo vemos positivo, que una fundación privada haga una donación a beneficio del sistema público”.

Por su parte, la licenciada Zulma Rosario Vega, directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), no descartó que dicha entidad evalúe este esquema de contratación.

“Una expresión en estos momentos sobre asuntos que pudieran estar ante la atención de la OEG no sería responsable de mi parte”, manifestó.

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