Jueces insisten que no se recorten sus pensiones

Según el plan fiscal, el Sistema de Retiro de la Judicatura tiene 860 empleados: 371 activos y 487 jubilados

Por Miladys Soto

La Junta de Control Fiscal (JCF) presentó una objeción ante la jueza Laura Taylor Swain a la Moción de Alivio presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. a fin de ser excluidos del recorte de pensiones que, según el plan fiscal, sucederá a partir del 1.o de julio de este año.

   “Cuando el trabajo de la Junta y de este honorable tribunal finalice bajo los mandatos de Promesa, un poder judicial plenamente independiente y en pleno funcionamiento será esencial para el éxito de la estructura económica que queda atrás. Esto no es ni una llanura ni una exageración de la importancia de mantener un poder judicial que sea una rama de gobierno efectiva, independiente y coigual sin ninguna amenaza por parte de la rama ejecutiva de gobierno”, expuso la Asociación en una respuesta presentada ayer a la objeción del ente creado por la Ley Promesa. Mientras, la objeción de la JCF se presentó el pasado 15 de enero.

   En la mencionada objeción, la Junta de Control Fiscal, la Asociación “ha fallado en alegar causa válida para justificar el levantamiento de la suspensión automática en el caso del Título III de la Commonwealth para permitir que la demanda proceda. En consecuencia, y por las razones anteriores, el Tribunal debe denegar la moción”.

Más cerca el recorte en las pensiones

En el plan fiscal certificado en octubre de 2018, se mantuvo la propuesta del recorte en las pensiones de los empleados públicos, para el año fiscal 2020  que inicia en julio. El recorte propuesto es de un 10  %.

El documento más reciente, certificado el 23 de octubre de 2018, expone que “aunque la reducción promedio de los beneficios será del 10 %, no habrá ninguna reducción para aquellos con beneficios totales del plan de jubilación (incluido el Seguro Social asumido de $400 para los miembros de Retiro que no son miembros de la Policía, para quienes el empleador paga impuestos de Seguro Social) por debajo del nivel de pobreza de $1,000 por mes”.

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