La nueva Ley de Armas y su panorama negativo

La medida que crearía una nueva Ley de Armas siguió sumando detractores ayer, en su segunda vista pública en la Cámara de Representantes, a un día de la férrea oposición del gobernador Ricardo Rosselló, y de los departamentos de Justicia y de Seguridad Pública.

Ayer depuso el Colegio de Abogados y la Asociación de Psicólogos, y también encontraron hartas fallas al proyecto del Senado 1050, del senador Nelson Cruz Santiago.

“Hacia donde debemos dirigirnos es hacia una ética de defensa por la vida”, dijo el coordinador del Comité de Psicología y Política Pública de la asociación, Ángel Coma Nazario. También citó estudios que indican que “los países donde las armas de fuego son más accesibles tienen, en promedio, tasas más altas de muertes por estas armas”.

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Félix Lassalle, presidente de la Comisión Cameral de Seguridad Pública, ha insistido en que la medida se sostiene en tres puntos: reducir los costos, eliminar la burocracia en el proceso de solicitud y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, los deponentes han identificado fallas en esos tres pilares, que podrían afectar a terceros.

Por ejemplo, la reducción de costos en cuanto a sellos de rentas internas afectaría ingresos que terminan en el Negociado de la Policía. “Esto, naturalmente, tendría un impacto fiscal negativo que podría afectar el plan Fiscal”, argumentó  Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) a través de su ponencia.

“Una persona que pasa por el proceso no gasta menos de $1,300 a $1,400 dólares para poder obtener su licencia”, contrastó Lasalle ante preguntas de la prensa.

En términos de “burocracia”, la medida reduce el periodo de investigación por parte de la Policía, elimina el proceso judicial para aprobar la portación de armas, quita a la Policía la capacidad de revocar un arma, entre otros.

También excluye requisitos, como no tener historial de violencia, someter tres testigos de reputación y una certificación negativa de deuda de Asume. También elimina la revisión los delitos cometidos en el extranjero y canalizaría la verificación de antecedentes penales a través de sistemas digitales integrados.

En cuanto al asunto de seguridad, el departamento concerniente fue categórico con las deficiencias en las definiciones, como la del “armero”, en la que se obvian los permisos locales para la venta de armas y municiones, lo que evita que “Puerto Rico regule el negocio”.

Entre otras muchas cosas, también permite la compra de pólvora sin licencia de explosivos y permite el uso de armas independientemente de si la licencia fue expedida en otras jurisdicciones, lo que a juicio de Seguridad Pública “podría promover mayor tráfico”. Restan dos vistas públicas.