Habrá que esperar un día más para conocer si la jueza Laura Taylor Swain ratificará el Plan de Ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Este plan contempla el pago de la deuda de Cofina durante los próximos 40 años y se proyecta que los pagos anuales comenzarían en $420 millones en 2019 y aumentarían hasta alcanzar los casi $993 millones anuales entre 2041 y 2058.
“No hay decisión que pueda reconciliar todas las preocupaciones de los sectores”, así indicó la jueza Swain al iniciar hoy la vista en el Tribunal Federal en Hato Rey. Añadió que, sin duda, habrá partes que sufrirán con cualquier decisión que el tribunal finalmente acoja.
Según la Junta y el Gobierno, el acuerdo provee para una reducción de más de 32% en la deuda de COFINA, y estiman que implicará $17,500 millones en ahorros en el servicio de deuda para Puerto Rico.
Mientras tanto, el representante legal de la Junta de Control Fiscal, Brian Rosen, aseguró ante la jueza que el acuerdo de Cofina garantiza que la isla pueda continuar su paso hacia la recuperación. Tildó el acuerdo de “justo y razonable” y que, por tanto, debía ser aprobado hoy por la jueza en sala.
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Por su parte, el representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (PROSOL-UTIER), Rolando Emmanuelli, rechazó la razonabilidad del acuerdo de Cofina. El letrado sostuvo que el convenio no representa el mejor interés de la isla.
Agregó que la JCF no tomó en consideración ningún tipo de análisis o evidencia económica de la razonabilidad del acuerdo de Cofina.
Swain continuará la vista mañana a las 9:30am en el Tribunal Federal de Hato Rey.
Descartan legitimación de la Utier
Por su parte, la jueza Swain rechazó que la organización PROSOL-UTIER tuviera legitimación para participar activamente del pleito.
La representación legal de la JCF, indicó que —aunque no tenían reparos en que la representación legal de la Utier se expresara en contra del acuerdo— no tienen legitimación activa para objetar el Plan de Ajuste de Cofina, por lo que no podrían presentar evidencia ni contrainterrogar a testigos.
Según los abogados de la Junta, la organización PROSOL-UTIER, que representa a diversos empleados públicos y jubilados, no tiene un interés pecuniario en el pleito de Cofina. Para Emmanuelli, la organización tenía legitimación para participar activamente del pleito debido a que los empleados públicos que representa se verían directamente afectados por los fondos que se comprometerían para el pago de la deuda de Cofina.
La organización, inclusive, sometió un estudio realizado por el economista José Alameda que, entre otras cosas, estima que los recaudos para pagar las deudas de Cofina no serían suficientes.
Truenan los bonistas juniors contra el acuerdo
Y a pesar de que el plan cuenta con el aval de los bonistas seniors de Cofina, un grupo de bonistas juniors cuestionó la manera en que trascendió el proceso de mediación que llevó al acuerdo.
Al menos ese fue el reclamo de GMS Group, una empresa que agrupa bonistas juniors, que sostuvo que los bonistas juniors no estuvieron debidamente representados en el proceso de mediación ordenado por Swain y liderado por la jueza federal Barbara Hauser.
A preguntas del abogado de GMS, Jerry Eisenberg, el bonista junior Mark Elliot, testificó que le había expresado preocupación a Matt Rodrigue —consultor financiero de la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina (la Coalición)— sobre la representación de los bonistas junior en la mesa de negociación.
Sin embargo, el abogado de la Coalición, Susheel Kirpalani, le cuestionó a Elliot si había escrito alguna vez a la jueza Hauser para integrarse al proceso de mediación. Este contestó que no.
Según el plan, los bonistas seniors recobrarán el 93% mientras que los juniors obtendrían el 56% de su acreencia.
Ante el podio la ciudadanía
Como parte de la agenda de la audiencia en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, cerca de ocho personas de la ciudadanía se expresaron en torno al plan de ajuste de Cofina.
Una de las personas que tomó el micrófono de la sala fue Eva Prados, portavoz el Frente Ciudadano para la Auditoría dela Deuda. La también abogada objetó el plan de Cofina debido a la ilegitimidad de Cofina. “Este acuerdo legaliza lo ilegal”, precisó.
Emil Nieves Muñiz, retirado, cuestionó el plan de ajuste de Cofina ya que no define lo que es un servicio esencial y si estos van a ser sufragados mientras dure el acuerdo. Además, denunció que el plan de Cofina no hubiese estado sujeto a votación para la ciudadanía.
Por su parte, Julio López Varona, representante de la organización Hedge Clippers, criticó la manera en que el proceso se ha dilucidado. Principalmente, señaló que el plan solo defiende a los bonistas e inversionistas de Wall Street e ignora a la ciudadanía que, tras el huracán María, se ha enfrentado a mayores retos económicos.