El acuerdo de deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) avalado por el Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) y la mayoría de los bonistas que se verían beneficiados, aseguran que no es más que un espiral que, en el fondo, mantendría a la isla sumida en una crisis económica y social.
“En los detalles es donde el diablo mete la cola”, apuntó el economista Martín Guzmán, quien hace un año exactamente presentó en Puerto Rico un estudio comisionado por la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) sobre la sostenibilidad de la deuda pública, junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Pablo Gluzmann.
Las bases de las conclusiones más recientes a las que llegó Guzmán están ancladas en varios asuntos. Una de las vertientes está conectada a la apariencia de recuperación económica gracias a la inyección federal de recuperación tras el paso del huracán María. De acuerdo con los datos presentados durante una mesa redonda convocada por EA, la expectativa del mercado respecto a la recuperación por cada dólar invertido en bonos de Cofina rondaba los 34 centavos a finales de 2017.
Sin embargo, las negociaciones auspiciadas por el JCF y el Gobierno con los bonistas partieron de una premisa de un 100 % de recuperación de la inversión hacia abajo, cuando, según los expertos, la oferta en beneficio para la ciudadanía debió haber comenzado en 35 centavos.
Con la inyección económica federal luego del paso de María, la expectativa de recobro de inversión ha alcanzado los 80 centavos por cada dólar. En promedio, la tasa de recuperación de los bonistas de Cofina en el acuerdo cerró en 75.5 %.
De acuerdo con el economista y profesor de Columbia University, se trata de un “juego político” avalado por el Gobierno de Puerto Rico, la JCF, el Congreso y los bonistas, en el que se mantiene alta la expectativa de cobro y en el que se sostiene que, de forma indirecta, sí se puede canalizar el impacto positivo de la ayuda federal sobre la economía puertorriqueña y “transferir eventualmente al pago de bonos”.
“Si se hubiese jugado el juego de otra manera y la expectativa de retorno se hubiese mantenido aquí debajo (comenzando en 35 centavos), posiblemente hoy estaríamos hablando de acuerdos muy diferentes. Pero no es la forma en que han jugado este juego quienes participan y quienes tienen el poder político para influir en estos resultados”, sostuvo Guzmán.
Momento crucial para el acuerdo, pese a proyecciones
El análisis llega en un momento crucial en el caso de Título III de Puerto Rico bajo la Ley Promesa. Mañana miércoles la jueza Laura Taylor Swain celebrará una vista en el Tribunal Federal de San Juan para determinar si se ratifica o no el acuerdo. La propuesta del acuerdo fue aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2018, sin que se celebraran vistas públicas sobre la medida.
Para el pago de la deuda de Cofina durante los próximos 40 años, se proyecta que los pagos anuales comenzarían en $420 millones en 2019 e irían aumentando hasta alcanzar los casi $993 millones anuales entre 2041 y 2058. Aunque el acuerdo reduce la deuda de $17.64 billones a $12.02 billones, los puertorriqueños terminarían pagando $32.3 billones al sumar los intereses, a través del pago de Impuestos sobre Ventas y Uso (IVU).
Según el economista, la partida que jurisdicciones estatales de los Estados Unidos destinan al pago de deuda —y con las que se compara Puerto Rico— rondan entre los $350 millones y mil millones. Es decir, que con este acuerdo, a partir de 2041 se estaría comprometiendo prácticamente la totalidad de los fondos que deberían estar disponibles para el pago de deuda, más del 50 % en promedio si se analiza el pago que deberá realizarse a los 10 años del acuerdo, y más del 40 % de forma inmediata.
“Es preocupante porque solo tiene sentido (el acuerdo) si se está pensando en recortar todo el resto o casi todo el resto (de la deuda). Pero sienta un precedente peligroso, porque si los tenedores de bonos de obligación general (GO) quisieran tener un acuerdo similar, Puerto Rico caería en default (incumplimiento de pago) nuevamente”, explicó. La proyección de Guzmán llevaría a Puerto Rico a los mismos efectos de la crisis económica que vive el país actualmente. La deuda de Cofina representa solo el 24 % del total de la deuda en bonos de Puerto Rico.
“Si se quisiese evitar el default lo que pasaría es que habría recortes masivos de gasto público que volverían a poner a Puerto Rico en una espiral desestabilizante de crisis económica, de deuda y de migración”, expresó.
Durante la mesa redonda, la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet, cuestionó cómo se verán afectadas las prestaciones de los servicios esenciales y el crecimiento económico de Puerto Rico al “haber hipotecado los recaudos del IVU de los próximos 40 años para pagar la deuda reestructurada de COFINA, y sumó que “ante una crisis fiscal endémica que enfrentamos desde el 2006 y sin un relevo de modelo económico a la vista, ¿cómo podrá Puerto Rico enfrentar pagos de casi $1 billón anuales cuando se acaben las ayudas re reconstrucción de los huracanes Irma y María?”.
