Una delegación de sindicalistas puertorriqueños sostuvo hoy una reunión histórica con un grupo de cerca de 30 congresistas estadounidenses en la que recabaron esfuerzos para resolver la situación que enfrentan los trabajadores puertorriqueños y el desarrollo económico de la isla, informó el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (Ftpr-AFLCIO), José Rodríguez Báez.
El dirigente sindical expresó que hoy fue la primera vez en la historia que los sindicatos tuvieron la oportunidad de dirigirse a un grupo tan grande de congresistas del Partido Demócrata quienes se mostraron muy receptivos a atender los reclamos que plantearon en el cónclave celebrado a primera hora de la mañana.
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“Fue una reunión muy positiva en la que entregamos una declaración del Movimiento Sindical por Puerto Rico que recoge toda la situación que enfrenta la familia trabajadora a raíz de la ley Promesa y la Junta de Control Fiscal. Los congresistas entendieron nuestros reclamos, se mostraron dispuestos a tomar acción e incluso nos plantearon la posibilidad de enmendar Promesa. Les dijimos que tienen la posibilidad de hacer cambios a la Junta”, explicó.
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La reunión fue presidida por el presidente de Caucus hispano demócrata, Antonio Cardenas, y participaron congresistas como el puertorriqueño Darren Soto y Bob Menéndez.
“Expresamos a los congresistas que Promesa y la Junta han sido nefastos para la familia trabajadora puertorriqueña que ha recibido injustamente todo el peso de las medidas fiscales y que es necesario que el Congreso produzca alternativas de desarrollo económico para que Puerto Rico pueda superar la grave crisis que enfrentamos. También, que rechazamos de forma contundente que se destinen fondos de la recuperación tras los huracanes para la construcción del muro”, puntualizó Rodríguez Báez.
Dijo que en la reunión se solicitó que el Congreso haga audiencias en Puerto Rico para que escuchar el sentir del pueblo, ya que la Junta de Control Fiscal “ha creado un desbalance en la democracia, pues no rinden cuentas a nadie y toman medidas unilaterales”. Además, criticaron que no han tomado acciones para mejorar la economía, están “desbaratando” los sistemas de protección social de las familias, la educación tanto en las escuelas como en la Universidad de Puerto Rico, sostuvo.
“Otro punto que se trajo es la alta preocupación de nuestras matrículas en el sector público por la orden de la Junta de reducir un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados lo que los llevaría a una pobreza extrema”, detalló el portavoz.
Los representantes de sindicatos también expresaron que el acuerdo de Cofina bajo consideración del tribunal “condenará al pueblo” a pagar los impuestos más altos de todas las jurisdicciones de Estados Unidos por un período de 40 años.
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De la misma manera, mencionaron su repudio a la privatización de servicios públicos como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y las escuelas charter.
Rodríguez Báez señaló que también se puntualizó en los reclamos por las acciones gubernamentales que perturban el ambiente, la salud del pueblo y las expropiaciones de comunidades.
Afirmaron que el gobierno ha seguido al pie de la letra la receta de la Junta de Control Fiscal con leyes y órdenes ejecutivas que, según denuncian, han atentado contra las condiciones de trabajo en el empleo como: congelación de convenios y beneficios económicos hasta el 2021, la reforma laboral en el sector privado, el empleador único, la eliminación de beneficios de convenios, la declaración de emergencia fiscal y de infraestructura que abre las puertas a construcciones ilegales y atentados contra el ambiente.
“Ante esta realidad, rechazamos tanto los intentos de la Junta de Control Fiscal y de la administración Rosselló de poner todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora puertorriqueña. Y demandamos que antes que se realicen pagos a los fondos buitres, y se implementen nuevas medidas de austeridad, se realice una auditoria comprensiva, independiente y ciudadana de de la deuda”, reza la declaración.
Por parte de los sindicatos, estuvo presente Héctor Sánchez, director ejecutivo de la Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA), y representantes de la Federación Central de Trabajadores (FCT-UFCW), la Asociación de Maestros (AFT-AMPR), Servidores Públicos Unidos (SPU-Afscme), Labor International Union of North America (Liuna), la Unión de Trabajadores de Oficina (Opeiu), la United Auto Workers (UAW) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (Seiu), entre otras.
