Líderes de organizaciones obreras del Departamento de Seguridad Pública (DSP) solicitaron ayer la destitución de Héctor Pesquera como un primer paso para enfrentar la crisis de seguridad del país.
“Aquí no estamos diciendo que la destitución de Héctor Pesquera es la solución única o mágica para que se resuelva la crisis de seguridad en el país. Pero, ciertamente, lejos de ayudar a atajar o a mejorar la crisis de seguridad, él se ha convertido en parte de la crisis”, expuso Israel Rivera Román, presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños en una rueda de prensa en el Capitolio.
Asimismo, denunció la arrogancia con la que Pesquera se dirige a los medios para rechazar la existencia de una crisis de seguridad en el país.
A su vez, subrayó que el pedido de destitución se debe a la incapacidad de Pesquera de poder dirigir los recursos de los negociados del DSP. Indicó que, en los pasados dos años, la Policía de Puerto Rico cuenta con 2,000 policías menos. Los retos de personal y económicos, según Rivera Román, repercuten en la seguridad del país y en las recientes escenas de crimen como la que se suscitó el pasado 6 de enero en Isla Verde.
“La crisis se puede ver en cada uno de los negociados, en los procesos administrativos, en la carencia de recursos humanos y en los recursos de equipo y tecnología necesario en cada uno de los negociados para poder ejercer eficazmente la labor de seguridad que cada uno de ellos brinda al país”, añadió Rivera Román.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, señaló que todos los negociados del DSP están “quebrados”. “Esto es una crisis institucional”, soltó.
No obstante, pese a las críticas de diferentes sectores, el gobernador Ricardo Rosselló defiende la gestión del titular del DSP.
Destinan recursos al DSP
Asimismo, en el día de ayer, el gobernador anunció un acuerdo interagencial que permitirá dirigir personal de otras agencias al DSP para brindar apoyo administrativo. Por medio de un comunicado de prensa, Rosselló aseguró que esta medida permitirá que oficiales de la Uniformada puedan “cumplir sus funciones en la calle”.
Entre las agencias que enviarán personal al DSP y a la Policía de Puerto Rico están el Departamento de Hacienda, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Puertos y el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Según el primer mandatario, debido a la crisis económica, muchos policías fueron designados para labores administrativas. Precisamente, el pasado lunes, aseguró que el poder de la Junta de Control Fiscal para determinar el uso de fondos del Gobierno limita destinar recursos para atender la seguridad del país.
Sin embargo, el año pasado, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, indicó que está en manos del Gobierno “reprogramar” los fondos para cumplir con las necesidades de la agencia.
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