Líderes de organizaciones que conglomeran empleados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) instaron hoy al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a destituir al secretario del ente, Héctor Pesquera.
Para el presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, Israel Rivera Román, la destitución del funcionario constituye el primer paso para comenzar a resolver la crisis de seguridad que impera en el país. Asimismo, sostuvo que esta crisis incluye el funcionamiento de todos los negociados que componen el DSP ya que confrontan falta de personal y carencia de recursos económicos.
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“Aquí no estamos diciendo que la destitución de Héctor Pesquera es la solución única o mágica para que se resuelva la crisis de seguridad en el país. Pero ciertamente, lejos de ayudar a atajar o a mejorar la crisis de seguridad, él se ha convertido en parte de la crisis”, expuso. Rivera Román también criticó la arrogancia con la que Pesquera se dirige a los medios para rechazar la existencia de una crisis de seguridad en el país.
A su vez, subrayó que el pedido de destitución se debe a la incapacidad de Pesquera de poder dirigir los recursos de los negociados del DSP. Indicó que en los pasados dos años la Policía de Puerto Rico cuenta con 2,000 policías menos. Los retos de personal y económicos, según Rivera Román, repercutan en la seguridad del país y en las recientes escenas de crimen como la que se suscitó el pasado 6 de enero en Condado.
No obstante, ayer Rosselló defendió la gestión del secretario del DSP.
“La crisis se puede ver en cada uno de los negociados, en los procesos administrativos, en la carencia de recursos humanos y en los recursos de equipo y tecnología necesario en cada uno de los negociados para poder ejercer eficazmente la labor de seguridad que cada uno de ellos brinda al país”, añadió Rivera Román.
Por su parte, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, señaló que todos los negociados del DSP están “quebrados”. “Esto es una crisis institucional”, soltó. El líder obrero, además, precisó que el Negociado de Bomberos tiene cerca de 320 plazas vacantes y que, debido a la falta de fondos, no se han podido llenar.
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Similar situación atraviesan los paramédicos del país según la líder de la organización Paramédicos Unidos de Puerto Rico, Grisselle Natal. Explicó que actualmente apenas cuentan con cerca de 500 paramédicos y que gran parte de estos son empleados transitorios.
Asimismo, indicó que en la isla hay 58 bases de emergencias médicas las cuales en diferentes turnos tienen que cerrar por falta de personal. La líder obrera reveló que esta falta de empleados incide en el tiempo en el que las ambulancias responden ante una emergencia. Natal, además, rechazó que el tiempo de respuesta sea de 15 minutos tras una llamada de emergencia y que en promedio puede tardar hasta 35 minutos.
“No damos abasto”, aseguró Luis Rivera, vicepresidente de la Local 310 de la CWA de Puerto Rico que representa a los operadores del Sistema de Emergencias 9-1-1. Según el representante de la organización, en enero del año pasado contaban con 160 telecomunicadores. Sin embargo, en ocho meses renunciaron 44 de estos y esperan la renuncia de otros 5 telecomunicadores.
Rivera confesó que esta carencia de recursos humanos impacta el tiempo de espera para atender una emergencia. El líder obrero indicó a Metro que en promedio reciben 5,000 llamadas diarias al 9-1-1, de estas entre 800-1,000 son de emergencia.
Cuestionan efectividad del DSP
Mientras que Adalberto Vega, presidente del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencia, cuestionó la efectividad de la estructura del DSP que agrupa a 7 negociados de seguridad. La Ley 20 de 2017 creó el actual sistema que incluye a la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Sistema de Emergencia 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Cuerpo de Emergencias Médicas e Investigaciones Especiales.
Ante esto, Vega insistió en que la Legislatura debe tomar acción y dejar sin efecto la ley.
En la conferencia también estuvieron presentes José González, presidente de la Asociación de Policías Organizados y Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados.
