El ingeniero y planificador Tomás Torres no descarta iniciar una disputa legal contra el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por el proceso de elección del representante del interés ciudadano en la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica.
Torres fue el único en radicar candidatura el pasado 29 de agosto del año pasado, a dos días de que culminara la convocatoria que comenzó en mayo. Sin embargo, tropiezos y cambios en la ley dilataron su certificación y, a inicios de esta semana, el secretario de DACO, Michael Pierluisi, indicó a Metro que abrirá una nueva convocatoria de 20 días.
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Su intención es retomar el proceso que fue “interrumpido” el 12 de agosto, cuando el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley 207 que “transfirió” el proceso del DACO a la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman).
La ley precisaba que el Ombudsman debía aprobar un reglamento para la elección, pero no quedó plasmado qué ocurriría con el proceso que ya DACO había iniciado.
A juicio de Torres, “la convocatoria emitida por DACO (…) expiró el 31 de agosto de 2018. Nuestra candidatura fue radicada días antes del vencimiento, el 29 de agosto de 2018. Todo intento de extender o conceder un nuevo periodo de radicación de candidatura va contrario a los establecido en la ley”.
Una medida del senador Larry Seilhamer (P. del S. 1100) devolvió el proceso a DACO el 15 de diciembre, cuando Fortaleza confirmó que el gobernador la firmó. El documento coincide con la posición de Torres al afirmar que “el período para la radicación de candidaturas venció el pasado 31 de agosto del presente año, por lo que el proceso se encuentra adelantado”.
“En estos momentos estamos evaluando las declaraciones del secretario para determinar el curso a seguir, incluido acudir a tribunales de ser necesario”, confirmó el ingeniero a Metro en declaraciones escritas.
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Una elección “que no es transparente”
Ya va un año y medio desde que los abonados de la AEE no tienen representación en la Junta de Gobierno en su carácter de consumidores. Mientras tanto, continúa la venta y concesión de activos de la agencia.
En junio de 2017, Rosselló Nevares firmó una ley para reducir de nueve a siete los miembros del ente rector, disminuyendo la representación ciudadana. Dos días después de estampar su firma, el 28 de junio de 2017, el gobernador destituyó a Luis Santini Gaudier, quien cumplía esta función. Desde entonces no hay representación ciudadana.
“Se ve que es un proceso que no es transparente, que no da la impresión de ser correcto, y eso afecta su legitimidad”, argumentó Torres y agregó que su expectativa es que se le certifique cuanto antes.
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