Gobierno baraja opciones contra el crimen

Ante los 18 asesinatos y múltiples casos criminales reportados en tan solo ocho días de 2019, el gobernador, la alta plana de Seguridad Pública y varios alcaldes se reunieron ayer para discutir alternativas e ideas para atender la situación

Por Lyanne Meléndez

En medio de un inicio de año convulso para la isla a raíz de la violencia que se ha suscitado en los primeros ocho días, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, rechazaron catalogar la situación como una crisis, al asegurar que lo tratan como un asunto de prioridad.

“Esto es un asunto de primera prioridad para nosotros y es asunto que requiere unas acciones urgentes que estamos tomando”, expresó el mandatario en conferencia de prensa tras una reunión con un grupo de alcaldes y el principal componente de seguridad del país.

El primer ejecutivo manifestó que, por el momento, no vislumbra activar a la Guardia Nacional, ya que entiende que con la colaboración municipal y las iniciativas que tienen delineadas pueden atender la situación de la criminalidad.

El mandatario negó catalogar los 18 asesinatos en los primeros ocho días del año como una crisis, al señalar: “Nosotros lo que estamos es tomando acción. Yo voy a estar asegurándome de que el pueblo de Puerto Rico, con las acciones en conjunto, se sientan seguros”.

“Vamos a tomar acciones de inmediato, pero también es importante que la narrativa no sea apocalíptica, donde estamos viendo que hemos tenido unos resultados a nivel estatal y municipal. Hemos tenido reducciones en los asesinatos”, precisó el gobernador.

Por su parte, previo a la reunión, al ser abordado sobre si cree que existe una crisis de seguridad, Pesquera sostuvo que “salgo solo los weekend con mi esposa”. No obstante, señaló que provocaría levantar ansiedad de los ciudadanos.

“No es que sea una crisis o una crisis nacional. Hay una situación que se está atendiendo. Hay unos planes, unos planes proyectados, unos planes de acción”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública, quien aseguró que continuará en su puesto pese a la petición de su renuncia en redes sociales, que ya sobrepasó las 10,000 firmas.

De manos atadas con la Junta

Rosselló Nevares aseguró que el poder de la Junta de Control Fiscal (JCF) para determinar el uso de fondos del Gobierno ha sido un factor limitante en ofrecer recursos para atender la seguridad del país.

“Si en algo debemos tener unanimidad, es que la Junta no se debe meter en la operación gubernamental. No se debe meter porque no es su rol”, planteó.

Criticó que la Junta ordene a que “no tan solo tienes esta cantidad, sino que, para seguridad, tienes esto, y no tan solo eso, para nómina de Seguridad tienes esto, y no tan solo para nómina, sino que para esta partida específica de nómina tienes esta cantidad, y eso ha sido el factor limitante en todo esto”. Reclamó que se quite la limitación del ente federal en torno a la decisión del uso de fondos.

Al ser cuestionado sobre por qué actuó unilateralmente en otorgar el bono de Navidad y no así con la Policía, expuso:  “Lo que pasó con el bono de Navidad, por ejemplo, es que habíamos alertado a los jefes de agencia desde el principio: ‘Vas a ahorrar por porcentaje para poder tener el bono de Navidad’, así que ya estaba previamente presupuestado”.

Habrá cumbre de Seguridad

El encuentro con alcaldes y jefes de Seguridad, entre los que se encontraban la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; el secretario de Gobernación, Raúl Maldonado; y el comisionado de la Policía, Henry Escalera, forma parte de un grupo de iniciativas que se realizarán para concluir con una cumbre de Seguridad el 22 de enero.

“Los alcaldes tienen un conocimiento de las áreas de mayor vulnerabilidad en sus municipios. Y nosotros tenemos una base de datos de dónde está la incidencia mayor. Queremos redirigir, en coordinación y en colaboración con ellos, sus recursos, las acciones correctivas que se tienen que tomar”, dijo Rosselló sobre la reunión con los jefes municipales.

Estuvieron presentes los alcaldes de Arecibo, Carlos Molina; de Bayamón, Ramón Luis Rivera; de Caguas, William E. Miranda Torres; de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau; de Cataño, Félix Delgado Montalvo; de Guaynabo, Ángel Pérez Otero; de Ponce, María Meléndez Altieri; de San Juan, Carmen Yulín Cruz; y de Toa Baja, Bernardo Márquez García. Además, participaron los comandantes de área del Negociado de la Policía de Puerto Rico y los comisionados de la Policía municipal de distintos ayuntamientos.

A raíz del cónclave, el mandatario detalló algunas medidas que discutieron, así como otras ya encaminadas. Entre ellas, respaldarán el pleito del municipio de Carolina para revaluar los permisos de algunos negocios, a raíz del tiroteo que se desató en horas de la mañana del Día de Reyes frente a un local que tiene permisos de restaurante y opera como barra.

Otras iniciativas incluyen una academia de la Policía para marzo, compra de patrullas, colaboración ciudadana, esfuerzo colaborativo con agencias de gobierno y trasladar 200 efectivos de tareas administrativas a las calles.

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