Una declaración jurada de un exempleado del Departamento de Salud detalla que —supuestamente— el secretario Rafael Rodríguez y otro personal de la agencia incurrió en un patrón de represalias en su contra por denunciar “actividades gubernamentales impropias” y por desobedecer “órdenes ilegales”.
En el documento, el exfuncionario afirma haber sido secretario asociado de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales de dicha dependencia entre enero de 2017 y el 29 de octubre de 2018. Según la denuncia de represalias (Whistleblower Retaliation Complaint), que en primera instancia fue publicada por el periodista Jesús Rodríguez García de Radio Isla 1320, las presuntas acciones en contra del exdirectivo comenzaron en febrero de 2017, cuando se negó a apoyar el otorgamiento de un contrato a la empresa CSA para manejar fondos federales para el zika. Se detalla en la declaración jurada que Salud no tenía la necesidad de concretar el acuerdo, pero, aún así, Rodríguez, personal de Fortaleza y funcionarios de Salud lo impulsaron.
“[el secretario] Rodríguez dijo que el contrato iba conmigo o sin mí”, relató un exfuncionario del Departamento de Salud en una declaración jurada sobre supuestos actos ilegales en la agencia
“En ese momento (febrero), la directora del Centro de Oportunidades Federales de la Oficina del Gobernador, la señora Frances Ortiz, era una fuerte defensora por la contratación de CSA, una compañía que estaba ofreciendo sus servicios para ser manejadores del programa del zika, financiado con fondos federales. No había la absoluta necesidad de sus servicios y parecería que lo que ofrecían era tomar la información que ya nosotros habíamos colectado para volver a empacarla en un formato diferente”, sostiene el documento en poder de Metro.
De acuerdo con el testimonio, el contrato se dividía en una primera fase de tres meses, cuyo costo ascendía a $80,000, y una segunda fase de ejecución por un mes, en la que CSA recibiría $100,000. Tras negarse a otorgar el acuerdo, el exsecretario asociado de Planificación dice que Rodríguez lo llamó impulsándolo en nombre del gobernador Ricardo Rosselló. Comenta que personal de Fortaleza se presentó en Salud para presionarlo.
“Luego, a finales de la primavera y comenzando el verano, la Oficina del Gobernador envió al Sr. Alberto Velázquez para tratar de persuadir al Departamento de Salud a procesar el contrato para dicha compañía. Esto generó un intercambio subido de tono entre el Sr. Velázquez y yo, que terminó cuando el Dr. Rodríguez dijo que el contrato seguiría adelante conmigo o sin mí. Luego de esto, la isla fue golpeada por los huracanes Irma y María y no volví a escuchar del contrato de nuevo”, leen los papeles.
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Tras esta situación se indica que Rodríguez cambió significativamente su trato. Añadió también que, por ser “franco” con el secretario sobre su desempeño liderando la agencia, así como por decirle que “sus asesores no lo estaban ayudando”, fue objeto de represalias, específicamente por la jefa de Personal, Mabel Cabeza, y Carmen Torres, cuyo puesto no fue identificado. Estas funcionarias, presuntamente, lo dejaron de invitar a reuniones y le dejaron de compartir información.
Entre otras alegaciones, se incluye que el portavoz de prensa Erick Perlloni pidió aumentar su compensación con fondos del Centro de Control de Enfermedades (CDC, en inglés) porque sus deberes aumentarían con un “nuevo contrato”. En su declaración, el exfuncionario indica que el portavoz pedía primeramente $50,000, que luego bajó a $35,000, pero que se sumarían a su compensación anual.
“Me rehusé al pedido por entender que era excesivo e ilegal. Como contratista, él no cualifica para un diferencial. La cantidad de trabajo del contrato estaba bajo su alcance de responsabilidades…”, cita el documento. El exgerencial continúa y relata que el secretario Rodríguez defendió el aumento con un: “Si el CDC está pagando, ¿cuál es el problema?”. No obstante, no fue supuestamente otorgado porque, después de una consulta, la dependencia federal clarificó que no era posible.
En su declaración, el exdirectivo también reseña varias irregularidades en la contratación de familiares y allegados a personal de Salud. También indica que trataron de disuadirlo para firmar un contrato que, claramente, presentaba un conflicto de interés para él, porque conocía a la otra parte personalmente. En el documento también se detalla que Rodríguez ha otorgado aumentos a “individuos cercanos a él” y que la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, genera $8,000 al mes y solo pasa “unas pocas horas a la semana en el Departamento”.
Todas estas situaciones, según plasmado en la declaración, hicieron que el exfuncionario renunciara.
El periodista que originalmente publicó los documentos detalló que la denuncia está ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Empero, esta agencia ni confirmó ni negó la información.
Aunque este diario solicitó una reacción del Departamento de Salud, al cierre de esta edición no habíamos recibido una respuesta.
¿Quién sometió la declaración?
Metro supo que el exempleado que tramitó la declaración jurada se llama Japhet Rivera. De acuerdo con un artículo del medio electrónico The News Gazatte, este exfuncionario fue directivo del Veterans Affairs Illiana Health Care System, en Illinois.
El mismo portal web informó que fue despedido de su puesto por presuntamente involucrar a sus subalternos en asuntos relacionados con su relación personal mientras trabajaba y por engañar a personal del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos que lo investigaban por esta situación.