Sigue al otro lado del charco la guagua blindada

El vehículo, que fue transferido de la oficina del gobernador a la Policía de Puerto Rico, llegará al país a principios del próximo año y costará menos dinero según dijo a Metro el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera

Por Ronald Ávila Claudio

La guagua blindada comprada por la Oficina del Gobernador Ricardo Rosselló aún no llega a Puerto Rico, según dijo a Metro Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública.

En una declaración escrita, el funcionario indicó que la empresa Texas Armoring Corporation —con sede en San Antonio— se encuentra realizando ajustes al vehículo —adquirido el pasado 23 de febrero— para que pueda ser transferido al SWAT, que se encuentra bajo las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), como fue dispuesto por el primer mandatario luego de la controversia del alto costo de compra.

Precisamente, Pesquera detalló que, tras los cambios, la guagua costará unos $20,000 menos. Se espera, afirmó el secretario, que la unidad blindada llegue el próximo año.

“El vehículo blindado no ha llegado a Puerto Rico pues empresa contratada (Texas Armoring Corporation) trabaja con los cambios solicitados para que se ajuste a necesidades de FURA. Se espera que la unidad llegue a Puerto Rico para febrero de 2019 y reemplace la unidad actual de FURA, que data de 2005 y no se ajusta a las necesidades de dicha unidad policiaca”, afirmó.

Mientras, agregó que “el costo original del vehículo era de $245,000 y luego de los cambios solicitados su costo final fue $224,100”.

La controversia del auto Chevrolet Suburban se dio a conocer el pasado julio, cuando el programa Jay y sus rayos X destapó una factura de la Administración de Servicios Generales sobre la compra. Después del escándalo, Rosselló afirmó que desconocía del precio de la guagua que se supone serviría para su transportación y la de su familia.

En la factura original, parte del costo de $245,000 era un pedido de interiores de lujo. Los nuevos ajustes al vehículo para que pueda ser usado por el SWAT son básicamente el cambio de asientos por filas de “banquillos” y el retiro de la alfombra de tela, explicó a este diario Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública.

Otro de los aspectos que rodeó la controversia del vehículo es que el análisis para su compra por parte de un número desconocido de empleados de Seguridad Pública fue en el mes de octubre de 2017, a solo un mes de haber pasado el huracán María, cuando el Estado se encontraba en una crisis atendiendo la emergencia.

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