El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes, que no es razonable el periodo de seis años que en total tuvo la investigación por supuestas faltas éticas de la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives.
“La contestación es que no. De ahí emana nuestro interés de poder poner como una de las piezas críticas en todo esto a la Oficina del Inspector General”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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“Esta oficina trabajará en tiempo real y es más proactivo”, añadió.
Rosselló Nevares no quiso expresarse directamente sobre la determinación hecha por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el caso de Cotto Vives.
Más temprano, el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, dijo que luego de casi dos años de investigación, concluyeron que no tienen jurisdicción para determinar si Nydia Cotto Vives violó el estatuto al presidir el Panel del Fiscal Especial Independiente y a la misma vez ser contratista de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
“En la medida en que no hay un vínculo que yo pueda atar al sombrero de Nydia Cotto Vives-presidenta del Panel del FEI- a las presiones que le adjudican como contratista, facultadas bajo su contrato, a quien le corresponde adjudicar es a la agencia bajo el Código de Ética del contratista, que la Oficina de Ética Gubernamental no administra”, dijo Pérez Vargas en conferencia de prensa.
Según el funcionario, la investigación -descrita por él como como compleja- entendió que Cotto Vives no utilizó su posición como presidenta del FEI para beneficiarse del contrato con ADSEF. Se concluyó además que quien tiene jurisdicción sobre los trabajos de Cotto Vives como contratista de ADSEF es la propia entidad que la contrató.
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Explicó que Cotto Vives tuvo para el año 2011-2012 una dispensa del Departamento de Estado, que le permitía tener contratos con agencias y a la vez presidir el FEI. La Oficina del Contralor comenzó la investigación en el año 2012.
Mencionó que en 2014, la Oficina del Contralor refiere la investigación al Departamento de Justicia. Justicia en el 2016 hizo entonces el referido a la OEG. En dicha oficina, hay un máximo de 2 años y 6 meses para culminar una investigación.
Pérez Vargas explicó que en ese periodo, hubo casos judiciales que a su juicio influyeron en el tiempo de la investigación.
“Este caso ha tenido repercusiones penales federales, repercusiones penales locales e investigaciones administrativas. Aunque los casos penales no paralizan las investigaciones de la agencias administrativas, si las retrasa. Porque los testigos son los mismos. En esta investigación nos topamos con testigos que estaban bajo las reglas del Tribunal”, sostuvo Pérez Vargas.
Las expresiones del funcionario surgen luego de múltiples cuestionamientos sobre la investigación contra Cotto Vives y la relación con Zulma Rosario, directora de la OEG. Rosario se inhibió de la investigación
