La Junta de Control Fiscal (JCF) solicitó ayer mayor información sobre las 20,000 máquinas tragamonedas que serán legalizadas tras la firma de la reforma contributiva, ante la posibilidad de que afecten los recaudos del Gobierno.
Luego de avalar la medida en La Fortaleza, el gobernador Ricardo Rosselló esbozó su esperanza de que el organismo federal le daría paso. Minutos más tarde, en una misiva, la JCF le dio a su administración hasta el 19 de este mes para proveer los datos.
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“La Junta de Supervisión (Control) ha expresado reiteradamente su preocupación de que las disposiciones de videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el Gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del plan fiscal del Gobierno”, sostuvo en declaraciones escritas el grupo de siete personas nombradas por el Congreso.
Rosselló, por su parte, había mencionado: “A mí me parece que, según se resolvió, no hay ningún asunto particular que discutir sobre esa medida”.
“La Junta de Supervisión Fiscal ha expresado su preocupación de que las disposiciones de la videolotería incluidas en la legislación no son neutrales”, estableció la Junta de Control Fiscal en una comunicación escrita
De acuerdo con el primer ejecutivo, la JCF había certificado parte de la reforma contributiva. En específico, el mandatario se refirió a la reducción del Impuesto sobre Ventas y Uso en alimentos preparados, la eliminación del Business to Business, la creación del crédito al trabajo, las nuevas medidas de captación, como la contribución alternativa mínima y la reducción de tasas contributivas para individuos y corporaciones.
Rosselló no contestó si impulsará el resto de la reforma contributiva si la JCF se posiciona en contra de las tragamonedas.
“Yo invito a que no operemos bajo hipotéticos, porque si no, podemos poner un sinnúmero de escenarios”, comentó ante preguntas de Metro sobre el tema.
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Dinero para policías y alcaldes
Según el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, la legalización de la videolotería permitirá destinar dinero para salvar el retiro de los policías, así como para ayudar a los municipios ante la debacle fiscal que muchos enfrentan.
De acuerdo con el funcionario, las 20,000 máquinas generarían en impuestos unos $160 millones al año. De dicha partida se pasaría un 50 % al retiro de la Uniformada, 45 % a los municipios y un 5 % a la Compañía de Turismo, agencia del Gobierno que estará a cargo de fiscalizar la operación de los juegos.
