Los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentaron hoy, viernes, tres denuncias en contra de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por dos alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y una al Código Penal de Puerto Rico.
“Estoy tranquila”, afirmó Vázquez Garced a su entrada a la Sala 904.
Específicamente, los cargos en contra de Vázquez Garced son por una alegada violación al Artículo 252 “Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos” del Código Penal, y dos cargos por el Artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental.
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La jueza Jazdel Ramos Colón, quien preside en sala, ordenó un receso para examinar las declaraciones juradas que presentó el Ministerio Público y los documentos adjuntos a esas declaraciones. El equipo de abogados de Vásquez sostiene que la defensa tiene derecho a examinar esos documentos. La jueza sostuvo que evaluará los documentos y determinará si la defensa puede o no examinar esa información.
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Vázquez se encuentra relevada de sus funciones como secretaria desde el pasado 27 de noviembre y, en su lugar, se nombró a Olga Castellón, quien originalmente era la jefa de Fiscales. Tras las acusaciones presentadas hoy, se desconoce al momento si la aún secretaria renunciará a su cargo o si el gobernador le retirará su confianza y la separará del cargo.
El sistema de justicia del país ha estado en entredicho desde que el pasado 1 de noviembre se reveló que Vázquez Garced, estaba siendo investigada por el FEI y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tras presuntamente intervenir en un caso de escalamiento en la residencia de su hija.
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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares confirmó ese día que sabía sobre la presunta intervención de Vázquez, por lo que refirió el caso a las autoridades para investigación. El periodo investigativo de la pesquisa del FEI en contra de la secretaria de Justicia culminó a mediados de noviembre.
En informes pasados, analistas habían previsto que el nombramiento de Castellón podría tener como efecto prolongar la inestabilidad en la agencia, dado que es posible Castellón sea parte en alguna medida del proceso judicial que comenzó hoy.
“Podría pasar que, por la magnitud de la investigación o por el curso que tome el procedimiento, la interina, de alguna manera, tenga que formar parte del proceso (judicial), en cuyo caso, las funciones del Departamento quedan completamente desajustadas para cumplir con lo que la ley y la Constitución le encomiendan”, sostuvo el abogado constitucional, Carlos Ramos González.
Por su parte, el licenciado José Sánchez Acosta, había dicho que no prevé que Vázquez regrese a sus funciones como secretaria.
“No vislumbro, a menos que sean unos cargos que ella pueda despachar con una moción de desestimación, sin siquiera enfrentarse a los cargos, yo no visualizo que ella regrese a la secretaría”, expresó el analista estadista a Metro.
“Es una posición demasiado delicada en nuestra estructura de agencias de orden público como para pasar por alto el hecho de que la principal funcionaria de ese departamento está siendo objeto de cargos”, añadió.
El panorama para Vázquez Garced se complicó aún más durante los pasados días, luego de que el miércoles Noticentro investiga publicara un documento que evidencia que un agente que investigó el robo en la residencia de la hija de la secretaria de Justicia, fue citado al tribunal por el esposo de la secretaria, el juez superior Jorge Díaz Reverón, para que se viera con uno de los abogados de esta, y pedirle que fuera testigo de defensa en el caso incoado por el Panel del Fiscal Especial Independiente. Ante la situación, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maité Oronoz, ordenó ese mismo día una investigación contra Díaz Reverón.
“Ante la gravedad de las alegaciones divulgadas, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, ordenó a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales que inicie una investigación de manera inmediata con el fin de ponernos en posición de evaluar las acciones que correspondan. El pueblo de Puerto Rico puede confiar en que la Rama Judicial atenderá esta situación con la rigurosidad y dilegencia que amerita todo asunto que pueda comprometer la confianza de la ciuadanía en su sistema de tribunales”, comunicó Oronoz en declaraciones escritas.
Las acusaciones son el resultado de la investigación que realizaron los Fiscales Especiales Independientes, Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau.
