El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) firmó una orden administrativa tras un esfuerzo colaborativo con el Consejo Asesor en Asuntos LGBTT del gobernador con el fin de establecer las normas para el afianzamiento del respeto, la adecuada interacción y la no discriminación con personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, intersexual y asexual (LGBTTQIA) en las instituciones correccionales.
El secretario de Corrección, Erik Rolón Suárez, expresó en comunicación escrita que “reconocemos la política pública de nuestro gobernador y el que todos los seres humanos tengan derecho a ser tratados con respeto y dignidad, indistintamente de cuál sea su orientación sexual o identidad de género”.
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Explicó que la orden busca reconocer los derechos de la comunidad LGBTTQIA dentro de las prisiones de Puerto Rico y así fomentar más espacios de tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.
Asimismo, Rolón Suárez añadió que “con esta orden administrativa garantizamos que todo el personal del Departamento, al igual que nuestros contratistas, traten con el respeto que ameritan los miembros de la comunidad LGBTTQIA. Estamos dando un importante paso y continuaremos trabajando para seguir identificando aquellos puntos en los que podamos garantizar un trato digno para todos”.
La orden administrativa establece como norma, según lo requieren las regulaciones federales, que todo empleado y contratista del Departamento se adiestre en asuntos relacionados a la sensibilidad, interacción y respeto con los miembros de la comunidad LGBTTQIA.
Además, entre las medidas se establece que toda persona trans que solicite el cambio de género en su certificado de nacimiento mediante el Registro Demográfico, bajo las nuevas directrices, contará con la asistencia de su técnico de servicios sociales para realizar las gestiones con este fin.
También se establecen medidas disciplinarias a todo aquel empleado o contratista del Departamento que no cumpla con lo establecido en la orden.
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Por su parte, la presidenta del Consejo Asesor, Johanne Vélez, comentó que “vivimos en un momento histórico donde están ocurriendo cambios trascendentales en nuestra sociedad y debemos movernos hacia ellos, con el fin de poder promover ambientes inclusivos, de respeto y tolerancia para todas las personas”.
Vélez indicó además que “el gobernador Rosselló Nevares ha sido enfático en su compromiso programático de promover un gobierno libre de discrimen y, mediante esta orden, promovemos ese compromiso”.
Esta orden administrativa reitera la política pública adoptada por la presente administración de cero tolerancia al discrimen y actualiza los procedimientos gerenciales, operativos y administrativos para que las personas empleadas o contratadas por el Departamento de Corrección, en su interacción con personas de la comunidad LGBTTQIA, asistan en la promoción de la seguridad, el respeto, el trato adecuado, la dignidad, y la integridad física y emocional de esta comunidad.
La presente iniciativa pretende a su vez atemperar las normas y buenas prácticas dentro del ambiente laboral, a la hora de interactuar con miembros de la comunidad LGBTTQIA.
En tanto, el director ejecutivo del Consejo, Alberto Valentín, señaló que “todos somos seres humanos y, como tal, debemos de recibir un trato justo y equitativo, en especial por parte de nuestros servidores públicos, que son la cara de nuestro gobierno”.
Valentín concluyó al manifestar que “nuestra población correccional es una muy diversa y mediante esta orden nos aseguramos de que aquellos miembros de la comunidad LGBTTQIA dentro de las prisiones, tengan los mecanismos necesarios para presentar querellas por discrimen o maltrato por parte de cualquier empleado del Departamento de Corrección, por motivo de su orientación sexual, identidad o apariencia de género”.
