Latente crisis en Seguridad Pública

La falta de personal en Ciencias Forenses para investigar un crimen en San Juan creó un tapón de más de 12 horas; Henry Escalera culpó a los fiscales por lo sucedido

Por Ronald Ávila Claudio

La crisis del Departamento de Seguridad Pública (DSP) se hizo latente luego de que la avenida Chardón de Hato Rey quedara bloqueada más de 12 horas por las autoridades ante la falta de personal forense para investigar un asesinato. El caos y el tapón fueron la orden del día desde la hora en que ocurrió el crimen, a eso de las 10:40 de la noche del lunes, hasta pasadas las 1:00 de la tarde de ayer.   

Los empleados del Negociado de Ciencias Forenses, que desde 2017 pertenece a la sombrilla del DPS, se encontraban en San Lorenzo analizando la escena de otro crimen. La propia directora de la dependencia, Luz Silva, comentó en una emisora de radio que no tiene los recursos humanos para revisar dos sucesos de homicidios a la misma vez.

A esta situación se suma que en menos de 16 horas hubo cinco asesinatos en el país. La falta de policías, quienes salen en masa de la Uniformada ante las medidas de austeridad, ha provocado que alcaldes levanten bandera y hasta soliciten la activación de la Guardia Nacional.

La organización sindical Servidores Públicos Unidos, que representa a los trabajadores de Ciencias Forenses, adjudicaron la crisis a la falta de “independencia” de la agencia, tras su consolidación.

“Hay que sacar al instituto de ahí. Tiene que volver a tener su autonomía económica y operacional. No es el director del instituto el que toma la decisiones, tiene que hablar con otra persona. Se convirtió en una burocracia”, soltó Annete González, presidenta del gremio.

Además de la burocracia interna, González sostuvo que Héctor Pesquera, secretario del DPS, mantiene un control excesivo sobre la dirección del negociado. “Esa información a mí me ha llegado, de que está tratando de mantener el control”, agregó.

Siendo parte de la sombrilla, Ciencias Forenses no puede avalar cambios presupuestarios o de personal, según sus necesidades, sin antes consultarlo, explicó González. Según la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Pesquera ha prestado más atención a otras áreas de Seguridad Pública, como la Policía.

González añadió que las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno y la Junta de Control Fiscal dificultan el reclutamiento de personal en Ciencias Forenses, sobre todo porque en Estados Unidos estos empleados “cualificados” encuentran mejores oportunidades, por mayor remuneración económica.

De la misma forma, el exdirector de la oficina de Asuntos de Seguridad Pública, Heriberto Saurí, concordó con González en el “control” que ejerce Persquera sobre los directivos de los negociados de seguridad. Según el exfuncionario, “no tienen las herramientas en términos de mando”. Sobre el negociado de Ciencias Forenses, el experto en seguridad —quien trabajó por más de 30 años en diversas agencias del Gobierno— opinó que la inestabilidad administrativa ha aumentado la crisis operacional. Desde que Ricardo Rosselló entró en La Fortaleza, unas cuatro personas han dirigido Forenses.

Culpan a fiscalía

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, dijo ayer que  el personal de la Unidad de Servicios Técnicos está adiestrado para atender escenas de crímenes y que estaba disponible para trabajar el asesinato ocurrido la noche del lunes en la avenida Chardón, pero no pudieron intervenir porque la fiscal de turno no lo autorizó.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia aceptó que la fiscal Lismar Rodríguez Silva determinó esperar por el Negociado de Ciencias Forenses para que realizara la investigación, por que la escena era de gran complejidad. De acuerdo con la agencia, la decisión se tomó con el aval de los policías que estaban presentes en la avenida Chardón.

Alcaldes reaccionan

Tras un asesinato en Toa Baja, el alcalde Bernardo “Betito” Márquez pidió la activación de la Guardia Nacional. El ejecutivo municipal considera que no hay los recursos disponibles en la Policía para contener la ola delictiva. Empero, el gobernador rechazó ayer en una rueda de prensa su petición.

Mientras, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, urgió a una reunión con diversos sectores para buscar soluciones a los problemas de seguridad pública.

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