El colectivo, Espacios Abiertos prevaleció en una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que se buscaba que se entregara y se hiciera público el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos (conocido como “tax abatements” en inglés), el cual fue preparado por por el Gobierno, a tenor con la ley PROMESA y entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF), y las tablas, informes y otros acuerdos similares sobre concesiones tributarias deben ser divulgados ante la existencia del derecho fundamental de estirpe constitucional de acceso a la información.
La jueza Lauracelis Roques Arrollo, del Tribunal Superior de San Juan explicó que, es evidente que los mismos son documentos que fueron creados, originados y actualmente conservados por el Gobierno. Consecuentemente, los mismos cumplen con la definición de “documento público” establecida por la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico.
Expuso la jueza que el Gobierno nunca alegó ni argumentó que dichos documentos no son públicos ni que son privilegiados conforme a las Reglas de Evidencia.
El Gobierno fundamentó su oposición en el hecho de que no procede el mandamus; que los documentos contienen información personal confidencial de contribuyentes; y que existen leyes (i.e. PROMESA y el Código de Rentas Internas) que prohíben su divulgación.
“Por los fundamentos antes expuestos, y en vista que el Gobierno no demostró un reclamo válido de confidencialidad, este Tribunal declara CON LUGAR la Petición de Mandamus de la parte demandante y se ORDENA al Gobierno a, en un término de cinco (5) días, divulgar el Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos sometido a la Junta a tenor con la sección 208 de PROMESA y las tablas, informes y otros acuerdos similares sobre concesiones tributarias.
El Gobierno no ha provisto una justificación válida para evitar la divulgación de los documentos en controversia. El Estado no puede limitar el derecho constitucional al acceso a la información mediante una simple certificación de un funcionario público alegando que el documento es confidencial. La información solicitada por la parte demandante, entiéndase los Acuerdos de Reducción de Impuestos, no son equivalentes a las planillas protegidas por la Carta de Derechos del Contribuyente. En el balance de intereses, es necesario tomar en consideración que el acceso a la información pública abona a la transparencia gubernamental y promueve una sana administración pública. Por ello, ante la ausencia de justificaciones específicas sobre la confidencialidad de la información solicitada, este Tribunal no puede limitar un derecho constitucional de acceso a información pública”, reza la sentencia de 14 páginas.