Una nueva ley firmada hoy por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca establecer un “proceso justo” para evitar demandas frívolas de impericia contra la clase médica en Puerto Rico.
La nueva ley –que surge del Proyecto de la Cámara 1083– establece que se creará un panel especializado que evaluará los méritos de estas demandas. Dicho panel estaría compuesto por un profesional de la salud, un exjuez o abogado y un representante del interés público.
“Esto es un cambio significativo para nuestra clase médica y para nuestros pacientes, porque nos permite poner en contexto y en las manos de expertos la evaluación de cualquier reclamación que se pueda estar haciendo”, afirmó.
El gobernador argumentó que –de acuerdo al análisis para la ley– los casos de impericia médica tardan hasta 15 años para resolverse en los tribunales, de modo que la remuneración a los pacientes que ganan este tipo de demandas llega demasiado tarde en ocasiones.
La ley, según dijo, facilitará el análisis de este tipo de casos y logrará reducir a “meses” el tiempo de espera de una decisión de un tribunal y la remuneración adecuada.
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“Una vez se tiene ese contenido (el análisis del panel), las decisiones son un tanto más claras para los oficiales jurídicos”, sostuvo. De acuerdo a Rosselló Nevares, existirán dos vías por las cuales el panel evaluaría los casos: el paciente podrá someter el caso por vía directa al panel, que determinará si procedería o no la demanda en el tribunal; o bien un juez que tenga ante sí un caso de impericia médica podrá solicitar el análisis del panel. Si uno de los implicados en el caso no está de acuerdo con la determinación del panel, podría –dijo el gobernador– retar la decisión de ese cuerpo en el Tribunal de Primera Instancia.
Durante la conferencia de prensa, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, explicó que serán nombrados trece paneles, distribuidos en trece regiones. No está claro aún cómo será el proceso de selección de los miembros de cada panel ni por cuánto tiempo estarán ejerciendo esas funciones.
Según el gobernador, se establecerá un reglamento que buscará evitar el abuso de poder o el favoritismo dentro de los panales.
“Todo el mundo aquí va a estar bajo evaluación y bajo juicio”, subrayó Rosselló Nevares, al tiempo que apuntó que el objetivo en ese sentido es “tener un reglamento lo más claro y lo más robusto posible”. El mandatario indicó que habrá 90 días, una vez comience enero de 2019, para nombrar a los miembros de cada panel.
“Todo el mundo aquí va a estar bajo evaluación y bajo juicio”, subrayó Rosselló Nevares, al tiempo que apuntó que el objetivo en ese sentido es “tener un reglamento lo más claro y lo más robusto posible”.
El primer ejecutivo indicó que los miembros de cada panel no tendrán un salario asignado y no habría un impacto fiscal en el presupuesto del gobierno, pero sí tendrán “derecho a una diera y una compensación”. Para cubrir esos gastos, se asignará una fianza a cada caso que deberá ser cubierta por el solicitante o demandante. No se ha determinado aún cuál sería el costo de esa fianza.
“Hay un costo de lo que va a ser el panel y dependiendo de lo que sea el costo del panel, de ahí va a emanar entonces lo que sería la fianza”, dijo el gobernador, añadiendo que los pacientes médico-indigentes no tendrían que asumir los costos de esta fianza.
“No queremos poner un peso adicional en las personas que son más vulnerables y que no tienen capital”, aseguró. “Todos estos asuntos que ya son un poquito más granulares se van a estar viendo en el reglamento”.
En esa dirección, el presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos, defendió que, debido a los altos costos que suponen los análisis de peritos en impericia médica, los pacientes que no cuentan con el capital para esos gastos se beneficiarían de la nueva ley.
“Sí hay un problema del que los médicos siempre nos quejamos es que la mayoría de los demandas son frívolas”, apuntó Ramos.
Según el presidente, en promedio se radican mil demandas por impericia médica o “mal praxis” cada año en Puerto Rico. Sin embargo, alrededor de 900 “terminan en nada, ni siquiera en transacción ni sentencia en contra del proveedor (de servicio médico)”. Respecto a los casos restantes, en la mayoría de los casos se llega a acuerdos entre las partes, sin que haya una decisión final respecto a si el médico fue o no negligente.
La nueva ley también fue favorecida por el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, Pedro Tort, quien sostuvo que durante décadas, los ortopedas han impulsado legislación para mitigar los altos costos de los seguros de impericia médica.
“Hay una cosa que es mal praxis y otra cosa que son factores de riesgo y complicaciones que están en la literatura bien clara”, afirmó en conferencia de prensa. “Esta ley, permite que los médicos puedan dedicar más de su tiempo para atender pacientes con casos de alto riesgo. En adición, contribuye a detener la fuga de subespecialistas hacia los Estados Unidos”.