Para el alcalde de San Lorenzo, José R. Román Abreu, el reclamo que sus homólogos han hecho para que se restituya la legislación que dio origen a sus pensiones tiene los méritos necesarios para justificar su consideración y aprobación. Román señala estar consciente de los ataques que será objeto al defender un trato equitativo para todos los alcaldes una vez concluyan su mandato, defendió con múltiples argumentos su defensa de la medida legislativa.
“En primer lugar, los alcaldes, contrario a lo que se le ha hecho creer a nuestro pueblo, no son los responsables principales del problema fiscal y la deuda que mantiene en crisis al Gobierno. La gran mayoría de los municipios está al día en los pagos de la deuda que éstos han contraído para el desarrollo de sus obras y proyectos. La gran mayoría tiene hasta un año de adelanto en el pago de sus bonos. La ajustada situación fiscal de la mayoría de los municipios se debe a la enorme carga que ha conllevado el asumir las responsabilidades que corresponden al gobierno central y que ahora se le han transferido o han tenido que asumirla los municipios. Las asistencias o servicios que ya el gobierno central no presta, el ciudadano la reclama a los municipios y teniendo de frente las necesidades los alcaldes no podemos mirar hacia otra dirección que no sea buscar alivio a la gente”, afirmó categóricamente el alcalde a través de declaraciones escritas.
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De igual manera, Román Abreu detalló que a las responsabilidades asumidas en la última década, los municipios han sido quienes se han echado sobre sus espaldas la recuperación de la infraestructura y los daños a la propiedad de los ciudadanos ante los devastadores efectos de los huracanes Irma y María, pues el gobierno central ha colaborado en muy poco y las aseguradoras que han respondido lo han hecho por el sistema de gotero de fondos.
“Esta realidad pone de manifiesto el contenido demagógico de quienes responsabilizan a los municipios por la realidad fiscal que vive el país. Peor estarían las cosas bajo el sistema de condados, donde el ciudadano se invisibiliza, que postulan los adversarios de la administración municipal”.
Román Abreu enfatizó, también, la naturaleza particular de los alcaldes, que son funcionarios electos y a quienes se les categoriza como empleados públicos para efectos de retiro, con el agravante de que su aportación es mucho más alta.
Un dato adicional que los ciudadanos desconocen es el hecho de que los alcaldes reciben un por ciento menor de su salario, comparado con lo que se le otorga a los empleados públicos, y deben esperar hasta los 65 años para comenzar a recibir su pensión. “Cuando hacemos esta distinción no es en detrimento de nadie, ni buscando privilegiarnos en forma alguna, simplemente estamos categorizando nuestra realidad de forma correcta”, puntualizó ante uno de los elementos que más destacan los detractores de que se les haga justicia en el retiro. Precisó, “no estamos pidiendo el privilegio que se disfruta en la judicatura. Los jueces pueden legar sus pensiones, ante su deceso, a la viuda o el viudo”.
Anteriormente se ha legislado, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, para otorgar pensiones más justas a dos alcaldes de los pueblos de Orocovis y Peñuelas. “¿Por qué no hacerlo para todos por igual?”, esta es una pregunta que se hace el Primer Ejecutivo de San Lorenzo, ante la realidad de que los alcaldes son apenas 78 funcionarios y no todos los años se retira uno de ellos. Los alcaldes que comenzaron su gestión en el año 2000 tenían la expectativa de una pensión decente y ocurre que ahora recibirán menos que otros servidores públicos.
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“Todos los compañeros y compañeras que hoy ocupamos el puesto de alcaldes, lo digamos en voz alta o en un tono bajo, estamos igual que todos los empleados públicos, preocupados por nuestro retiro. También lo estamos por la realidad que enfrentan todos los retirados del país ante los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal. Nuestra preocupación es doble, ante la realidad que personalmente enfrentamos, y porque sabemos que los problemas sociales que traerán dichos recortes en nuestros ciudadanos los tendremos que enfrentar desde nuestras responsabilidades como alcaldes”, enfatizó.
Román Abreu también apuntó la ironía de que la persona que derogó la ley que protegía las pensiones de los alcaldes, el exgobernador Pedro Rosselló González disfrute en el día de hoy de una de las llamadas pensiones Cadillac que fue objeto de litigio en los tribunales del país. “Entendemos como justo y equitativo nuestro reclamo. No estamos buscando privilegio alguno por el puesto que hoy ocupamos. Hay quienes dicen que en este momento de crisis es inmoral hacerle justicia a los alcaldes. Creemos que la inmoralidad estriba en que se retiren con una pensión de hambre, totalmente inferior a la de otros funcionarios y servidores públicos. En última instancia, si finalmente se decidiera no atender nuestro reclamo, solicitaremos se nos devuelvan nuestras aportaciones y se nos permita colocarlas en instrumentos de inversión que nos garanticen una vejez digna, al igual que lo merecen todos los adultos mayores de nuestro país”, concluyó Román Abreu.
