La compañía DBPR Legal LLC, cuyo propietario es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Walter O. Alomar Jiménez, tiene varios contratos con el Gobierno.
Además del que trascendió en la prensa que Alomar Jiménez posee con la Junta de Planificación, el pasado 2 de julio firmó uno con la Compañía de Turismo para brindar los servicios de juez administrativo/oficial examinador.
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El documento levanta cuestionamientos entre la comunidad universitaria, ya que, según ese contrato, el presidente de la Junta de Gobierno de la institución puede intervenir en casos relacionados con el Reglamento de Juegos de Azar, por el cual la UPR recibe una porción de los recaudos generados y que se tramitan a través de Turismo.
“El licenciado Alomar va a tener que dar una explicación a la comunidad, especialmente con lo del tema de los juegos de azar”, expresó la representante estudiantil graduada, de la Junta de Gobierno, Marysel Pagán, sobre el contrato por el que Turismo pagará un total de hasta $35,000.
Señaló, además, que “hay un conflicto ahí. Él tiene que explicar. Es una persona que es abogado. Tiene su trabajo más allá de presidente de la Junta. Sin embargo, cuando uno asume un rol como presidente de la Junta de Gobierno tiene que ser sabio en las decisiones que toma”.
Pagán cuestionó que, más allá de un conflicto de intereses, la determinación pone en entredicho las acciones que toma desde su puesto. “Debería estar gestionando contratos para la Universidad de Puerto Rico y no para beneficio personal”, manifestó al señalar que ha recibido quejas de muchos estudiantes que muestran indignación con el contrato, “especialmente con la parte de juegos de azar. Tiene que explicar cómo va a trabajar eso sin entrar en conflictos de interés”.
La líder estudiantil detalló que, en las reuniones del ente rector de la UPR, nunca se ha tocado el tema; se han enterado a través de la página de la Contraloría.
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Aunque la Ley de Ética Gubernamental no prohíbe que los funcionarios tengan contratos en carácter personal, el artículo 4.3 aclara que no debe hacerlo si tiene el efecto de “menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales”.
Metro solicitó conocer si Alomar Jiménez participa o se inhibe de los casos de juegos de azar, pero, al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
Además del contrato con Turismo, el presidente de la Junta de Gobierno UPR tiene uno con la Junta de Planificación por la suma de cinco millones, en el cual se dedicaría a redactar demandas de interdicto, multas, demolición, entre otros.
Asimismo, la empresa DBPR Legal mantiene otro desde el 20 de septiembre, firmado por su socia Jeanelle Alemar Escabí, el cual se mantendrá hasta el 30 de junio de 2019. Como parte de ese último, que asciende a $54,000, ofrecerán consultoría en asuntos relacionados con la implementación de un plan de promoción para la emisión de visas para la inversión en Puerto Rico.
A las 5:00 de la tarde de ayer, Metro hizo las gestiones para obtener una reacción de Alomar Jiménez, pero al cierre de esta edición, aún no se había recibido su llamada.
Contrataciones del Gobierno con UPR no llegan a metas
Para julio de 2018, la Universidad de Puerto Rico (UPR) generó unos $20 millones, durante el pasado año fiscal 2017-2018, en contratos de servicio y adiestramiento a las agencias y entidades del Gobierno de Puerto Rico.
Pero si bien la UPR está generando fondos —por un lado—, en virtud de la orden ejecutiva, la cifra alcanzada está aún lejos de alcanzar la meta que prometió el gobernador, incluso antes de llegar a La Fortaleza.
