El acuerdo para la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) fue confirmado por la Cámara de Representantes con 30 votos a favor y 16 en contra, esto pese haber generado debate en el día de ayer, luego de que diversos grupos se mostraran en contra del acuerdo.
El primer grupo en mostrar oposición fue el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, que se dio a la tarea de visitar a los legisladores para pedirles que no avalen el acuerdo de reestructuración. “La Legislatura no puede depositar la confianza en un acuerdo que se ha dado a espaldas de sus constituyentes. Hacerlo sería incumplir su deber con sus constituyentes, endeudándolos a niveles inconstitucionales y condenándolos al hundimiento social porque, para cumplir con los bonistas, este acuerdo destrozará el presente y el futuro de la gente con menos servicios, más recortes y una carga de IVU de 40 años”, dijo en una comunicación escrita, Eva Prados, portavoz del Frente.
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Según Cybernews, Prados agregó que el Proyecto de la Cámara 1837, que propone enmendar la Ley de COFINA, dará paso a un acuerdo que, según alegan, beneficia más a algunos bonistas, más que los acreedores del patio.
AAFAF desaprueba expresiones de la Asociación de Maestros
Por su parte, el director ejecutivo de la Autorizad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, aseguró que el proyecto de ley para implementar el acuerdo con los acreedores de COFINA no afecta los sistemas de retiro ni las pensiones de los maestros, como aseguró la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz.
“Las expresiones de la presidenta de Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz están profundamente equivocadas. Este acuerdo no afecta los sistemas de retiro ni las pensiones de nuestros maestros. Mediante dicho acuerdo, se reduce la deuda de COFINA en, aproximadamente, 34 %. Este ahorro equivale a $437 millones al año que estarán ingresando a las arcas del Gobierno de Puerto Rico para proveer servicios al pueblo. Ese dinero se utilizaba anteriormente para pagarles a los bonistas” indicó Sobrino Vega.
El funcionario expuso que, tras la aprobación de la Ley 106-2017, conocida como Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos, el Gobierno asumió el pago de las pensiones de los maestros.
La presidenta de la AMPR expuso que “si el plan fiscal aprobado no se revisa para establecer unas exclusiones de protección hacia nuestros maestros activos y retirados, el Gobierno tendrá que hacerse cargo económicamente de todos ellos, creando un resultado adverso a lo que pretenden resolver”. metro
