En medio de los conflictos que envuelven a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el nominado a la presidencia, Juan Ernesto Dávila Rivera, compareció ayer ante el Senado, donde fue cuestionado sobre el proceso usado para su designación, así como su perspectiva sobre la situación de la entidad.
“Como representante del interés publico seré el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no de ningún comisionado”, expresó el designado a preguntas sobre a quién responderá si fuera confirmado. En varias ocasiones fue cuestionado sobre sus motivaciones y servicio, a lo que aseguró que no será un subalterno de ninguna colectividad.
PUBLICIDAD
Entre las controversias principales de las cuales increparon a Dávila Rivera, está el posible conflicto de interés en torno a que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, supervisa el trabajo de su hijo Roberto Benítez, a cargo de la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), involucrado en una controversia sobre hojas de asistencia sin ponchar que cobró. En ese sentido, evadió expresarse sobre el caso particular. “Desconozco del caso, se me hace difícil poder expresarme sin tener todos los elementos de juicio”, sostuvo.
Lo mismo ocurrió con el tema de la pesquisa sobre los vagones encontrados en los terrenos de la Comisión, evitó comentar debido a que hay una paralización por parte del Tribunal de Apelaciones. “La seguridad en los predios de la CEE es un asunto de suma importancia. Si hay que revisar cualquier protocolo así, hay que trabajarlo”, argumentó el licenciado, quien también es considerado para juez. No obstante, detalló que hay un artículo que “faculta al presidente de hacer unas investigaciones que habría que analizarlo, eso en términos generales, no en el caso particular”.
Asimismo, Dávila Rivera respondió las inquietudes en torno a los retos gerenciales que tendrá frente a la Comisión, la cual atraviesa por problemas fiscales, como que hay 21 plazas paralizadas en las Juntas de Inscripción Permanente —lo que dificulta el equilibrio de poderes—, 612 máquinas de escrutinio dañadas, un déficit millonario en nómina y una deuda de seis millones con la empresa que administra el escrutinio electrónico. Reconoció que, al ser supervisados por la Junta de Control Fiscal, tienen una limitación presupuestaria, pero aseguró que harán todo lo posible por garantizar el escrutinio electrónico, así como los avances que se han logrado. “Lo que quiero hacer el día 1 que llegue es entrar en comunicación con la compañía (Dominuim) para poder alcanzar un plan de pago”, manifestó el abogado, que se desempeña como secretario del Tribunal Supremo.
La designación de Dávila Rivera, por parte del gobernador Ricardo Rosselló a la Asamblea Legislativa, surge luego de que no se confirmara a Ramón Bauzá tras la controversial salida de Rafael Ramos Sáenz.
El proceso seguido por el ejecutivo levantó criticas de los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como de los senadores que cuestionaron por qué no se le dio ese espacio a los comisionados electorales, a lo que el nominado se amparó en el artículo 3.0008 de la Ley Electoral, que, al ocurrir el nombramiento de Bauzá y no haber unanimidad, “se activa el artículo que faculta al gobernador a hacer el nombramiento”.
PUBLICIDAD
La comisionada del PIP, María de Lourdes Santiago, sostuvo que, “en estos momentos, no puedo dar fe de que el nombramiento sea bueno”. Mientras, el comisionado del PPD, Miguel Ríos, reprochó que Dávila Rivera aún no se haya reunido con ellos.
Burgos, comisionada del PNP, no asistió debido a que, según trascendió en la audiencia, no fue invitada por el Senado, ya que, de acuerdo con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el nombramiento fue hecho por el gobernador, quien es el presidente del PNP, por lo que entiende que favorece dicho nombramiento.
El presidente senatorial informó que celebrarán una comisión ejecutiva para, posteriormente, llevarla al pleno legislativo.
