Aun cuando el plan fiscal del Gobierno central y de la Universidad de Puerto Rico fueron aprobados hoy por unanimidad, varios miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) se mostraron inconformes con el contenido de los documentos.
Durante la reunión, la única fémina del organismo que dirige al país, Ana Matosantos, destacó que el plan fiscal del Estado Libre Asociado no cumple con “restaurar las oportunidades al pueblo de Puerto Rico”, “recorta demasiado profundo” y es “demasiado optimista” en sus proyecciones sobre los fondos de recuperación que llegarían a la isla.
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El documento proyecta que desde el próximo año, hasta el 2033, la economía de Puerto Rico crecerá gracias a una inyección de $82,000 millones de dinero aprobado por el Congreso y desembolsado por aseguradoras. Empero, una vez dichas transferencias culminen, la isla regresaría a la recesión económica, porque no hay –según la JCF– “voluntad política” para establecer reformas estructurales.
Además, de acuerdo con el plan fiscal aprobado, el Gobierno debe recortar para 2023 unos $169 en las pensiones, $1.5 mil millones gracias a la reorganización de las agencias, $451 millones en subsidios y $826 millones en el sistema de salud.
Estas medidas de austeridad provocarían un superavit de $16 mil millones, según los números de la JCF.
“Honestamente, no me gusta este plan fiscal. Yo creo que a ninguno de nosotros le gusta. No cierra la brecha presupuestaria, no restaura el crecimiento y no liberaliza dinero para los acreedores como muchos piensan”, argumentó.
Matosantos dijo, además, que los recortes propuestos podrían poner en riesgo el acceso de los jóvenes puertorriqueños a la Universidad de Puerto Rico, y que también afectarían servicios esenciales como la salud y la seguridad. No obstante, votó a favor porque “es fundamental para el proceso de reestructuración y para el desarrollo del nuevo presupuesto”.
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Mientras, Andrew Biggs hizo eco de las expresiones de Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF, quien el lunes denunció que el gobierno no ha encaminado los cambios estructurales necesarios para que una vez los fondos federales dejen de llegar, Puerto Rico tenga fortaleza económica.
Biggs, quien es el experto en pensiones del grupo, disparó en contra de la clase política local.
“El plan fiscal que aprobamos hoy es un reconocimiento del fracaso, del fracaso de la junta, pero no por la falta de esfuerzos. Representa un gran fracaso por parte del gobierno de Puerto Rico”, comentó.
Al igual que había dicho Jaresko, Biggs detalló que una de las medidas que más resistencia ha provocado en los políticos locales es crear “mejores” condiciones para que se generen trabajos en la isla. Durante su alocución en el encuentro llevado a cabo en el Centro de Convenciones, trajo a colación la no derogación de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80) por parte de la Legislatura.
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