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Conversión de Central San Juan costará $30 millones a AEE

La corporación pública espera ahorrar unos $800 millones en combustible

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La conversión a gas natural de las unidades #5 y #6 de la Central de San Juan costará unos $30 millones, que según la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) están presupuestados en su plan fiscal como parte de las mejoras necesarias en infraestructura.

De acuerdo con Fernando Padilla, director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales de la corporación pública, será la dependencia la encargada de hacer los cambios o de contratar una compañía para realizarlos.

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La AEE había establecido que la transformación en la planta generatriz también la llevaría a cabo la empresa que gane el contrato para suplirle de gas natural. Actualmente, el monopolio de energía evalúa varias empresas que están en competencia para establecer un acuerdo para transportar el combustible, cuya solicitud de propuesta (RFP, en inglés) fuera publicada el pasado agosto.

“Prepa (AEE) mismo lo puede hacer o podría buscar un contratista. Prepa tiene la capacidad en mano de obra”, sostuvo Padilla, quien es el project manager del RFP.

Por otra parte, aún no hay un estimado de cuánto costará a la dependencia de energía el contrato por el suplido de gas natural, que duraría cinco años con la probabilidad de extenderse hasta tres veces. Y es que, agregó el funcionario, están en negociaciones con los competidores.

“Esa pregunta no te la puedo contestar todavía porque no hemos negociado un contrato final”, indicó el funcionario.

Lo que sí dijo Padilla es cuánto proyecta ahorrarse la AEE en compra de combustible, según las comparativas entre el costo del gas natural versus diésel. En ese sentido, el director de la Oficina de Reestructuración y Asuntos Fiscales afirmó que espera una baja del gasto de compra de combustible por unos $800 millones en los cinco años de contrato.

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Queda menos para saber quién se lleva el contrato

La AEE está más cerca de anunciar al ganador del RFP para la Central de San Juan. Esta semana, la lista de nueve competidores se redujo, aunque Padilla declinó decir los nombres y cuántas empresas continúan en la contienda.

“No se divulgaron cuántas quedan ni los nombres. Te puedo decir el total. Las compañías fueron nueve, no podemos divulgar el short list. Es una privacidad que se lleva a cabo dentro de la regulación que lleva el proceso. Ya una vez haya una compañía seleccionada podemos divulgar toda la información”, sostuvo ante preguntas de Metro.

Trascendió, sin embargo, que las empresas que quedan en carrera son New Fortress y Puma Energy.

Padilla argumentó en entrevista con este diario que, “básicamente, los que pasaron son los que cumplen”. Añadió que “se estaba buscando un suministro de combustible en un tiempo rápido y a un precio que esté acorde con lo que la autoridad tiene en expectativa para poder reducir el costo de la energía”.

Entretanto, no será hasta el 23 de noviembre que los ciudadanos conocerán quién establecerá el acuerdo con la autoridad.

La Junta de Control Fiscal les echa un ojo

Actualmente, la Junta de Control Fiscal y el Negociado de Energía están revisando el RFP, contó a este diario Padilla. El propósito de la intervención de ambos entes es velar que la corporación pública cumpla con su plan fiscal. Esto no significa que los procesos estén detenidos o que los organismos supervisores entrarán a mirar los detalles de los contratos, subrayó el directivo.

“Ellos lo que están mirando es básicamente el RFP y los procesos. Cómo se están llevando a cabo, las distintas fases, y hemos comparecido y suministrado la información que se nos ha solicitado, tanto a la Comisión de Energía (Negociado), como a la JCF. Entendemos que Prepa (AEE) es una entidad cubierta bajo Promesa y, por lo tanto, todas las decisiones están bajo ese marco”, soltó.

El funcionario sostuvo que no es Noel Zamot, principal oficial de revitalización de la JCF quien los está supervisando, sino otros asesores del grupo nombrado por el Congreso.

El año pasado, la JCF intentó colocar como síndico a Zamot, pero la acción fue revertida por la jueza Laura Taylor en la corte federal.

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