Justicia y Contralor miran para el lado por impuesto secreto de Santini

Bajo el mandato de Jorge Santini en San Juan hubo un impuesto secreto

Por Eliván Martínez Mercado| Centro Periodismo Investigativo

El Departamento de Justicia nunca investigó ni planifica investigar el impuesto secreto del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, uno de los escándalos de cobros ilegales de dinero y de destrucción de tierras más importantes en la historia de la capital de Puerto Rico, que hasta ahora queda impune.

“Justicia le está tirando la toalla a los de ellos. Y el pueblo, que se fastidie”, opinó Rina Landrau, residente del sector Buena Vista-Santurce, cerca del Caño Martín Peña, un emblemático vecindario de escasos recursos y falta de justicia social, en San Juan. Landrau es una de las más de 1,000 personas, entidades públicas y privadas, con y sin fines de lucro que fueron obligadas a hacer pagos para un alegado Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD) cuando pidieron un permiso de construcción en el Municipio. Entre 2003 y 2012, la administración Santini recaudó así más de $11 millones de dólares bajo la falsedad de que iba a conservar casi 700 propiedades privadas de valor ecológico. Pero todas esas tierras terminaron sin protección. Gran parte acabó albergando construcciones o segregada, y una hasta fue convertida en una cantera, como demostró una serie del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El 28 de junio de 2018, el Departamento de Justicia (DJ) recibió un informe especial de la contralora, Yesmín Valdivieso, sobre su investigación del Programa de TDD. Valdivieso indica que Santini implantó un impuesto contrario a la ley y que no se sabe en realidad a cuánto asciende el dinero cobrado. La Oficina del Contralor tardó cinco años en llegar prácticamente a la misma conclusión que ya estaba en la investigación del CPI, publicada en 2012.

Valdivieso recomendó a la actual administración de San Juan que, si implanta nuevamente el programa de TDD, no repita errores del pasado. La contralora no hizo un referido a Justicia sobre la posibilidad de un acto criminal ni atribuyó la responsabilidad al exalcalde Santini o a alguno de sus funcionarios.

El programa de TDD, si se hubiera implantado como establece la Ley de Municipios Autónomos, debía propiciar el crecimiento urbano ordenado y, a la vez, recompensar a los dueños de terrenos de valor natural, agrícola, histórico, cultural o arqueológico. Se trata de un programa voluntario entre individuos que quieren construir, y otros que quieren conservar. Esta herramienta de planificación permite a una persona hacer una construcción que sobrepase la altura de las edificaciones que se permiten en un área urbana. A cambio, quien construye tiene que pagarles a los dueños de tierras en otras áreas, que reciben este dinero como compensación, a la vez que ellos se comprometen a no construir en estas. De ese modo, se completa la llamada Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD).

Pero el municipio de San Juan comenzó a cobrarle a todo el que pedía un permiso de construcción sin implantar el programa de forma correcta y sin que hubiera una transferencia real entre ambos individuos, y así se constituyó el impuesto secreto de Santini.

La sucesión de hechos en la cadena de las agencias de gobierno responsables de fiscalizar que esto no quede impune habla por sí sola.

En 2013, tras la salida de la administración de Santini, el secretario de Justicia de entonces, Luis Sánchez Betances, confirmó que había recibido una solicitud de investigación de parte de la entrante Legislatura Municipal de San Juan. El exfiscal Alberto Valcárcel, director de la División de Integridad Pública del DJ, sostuvo ante este medio que su agencia esperaría a que la contralora, que también había recibido la solicitud de investigación, terminara su informe.

Sin haberlo recibido, el DJ cerró en 2016 el expediente sobre el programa del TDD, descubrió el CPI al indagar con la oficina de prensa de la agencia, que no quiso dar explicaciones al respecto. Finalmente, Valdivieso terminó el informe en junio de 2018 y lo refirió al DJ. “A la secretaria de Justicia le toca determinar si tiene que hacer algo adicional”, dijo Valdivieso al CPI.

Este reportaje que se publica en Metro por una alianza con el CPI. Para ver la historia completa, cceda a periodismoinvestigativo.com

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