La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRhTA, por sus siglas en inglés) aseguró que si el Gobierno legaliza las máquinas tragamonedas no solo se afectará la industria turística, sino otras entidades, como la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El expresidente de la organización, Miguel Vega, expuso que la institución de educación superior dejaría de recibir de 27 a 35 millones de dólares por los recaudos que hacen los casinos. Asimismo, indicó que de los 80,000 empleos que genera la industria turística, aproximadamente de 2,00 a 3,000, podrían perderse en los casinos si se legalizan las máquinas tragamonedas alrededor de la isla.
Exigen vistas públicas
“El Gobierno tiene el estudio de Spectrum Gaming Group de 2013 que estima que legalizar 30,000 tragamonedas provocaría una pérdida de $149.1 millones en un escenario conservador, y de $194.6 millones en un “high impact scenario”, una reducción entre 45.8 % y 59.8%. El estudio, según Torres, estima que la Universidad de Puerto Rico perdería entre $27.1 a 35.4 millones anualmente, mientras que el fondo general y la Oficina de Turismo perderían entre $32.5 y $42.5 millones.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo agregó: “Nuestra industria reclama la oportunidad de que se evalúe en vistas públicas el estudio Spectrum, y solicitamos que se haga público el estudio de la Legislatura que justifique la legalización de estas máquinas”. Vega, por su parte, indicó en conferencia de prensa que no descartan tomar acción legal en caso de que no se realicen vistas públicas y se dé paso a la legalización de las máquinas de videolotería.
De igual forma, el grupo alegó que aprobar las máquinas daría paso al lavado de dinero. Ante esto, enviaron una carta al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, para que intervenga en el asunto, anunció la PRHTA.
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Además, Vega también detalló que, en los pasados tres cuatrienios, se han realizado un total de 28 vistas públicas, y que los proyectos para legalizar las máquinas tragamonedas han fracasado.
Vega sugirió que se cite, además de la PRHTA, a la empresa proponente de la videolotería Caribbean Cage, dueños de tragamonedas locales, y grupos como EMPRECOM y ADOME, Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), los Departamentos de Justicia y Hacienda, así como a la División de Juegos de Azar de la Oficina de Turismo.
Golpe económico
La Asociación aseguró que, si se legalizaran las máquinas, el impacto en el alojamiento en los hoteles con casino crearía una baja en el impuesto sobre la ocupación hotelera (room tax) de un 11 a un 9 %.
“Los hoteles con casino le producen el 80 % del presupuesto al Gobierno. Tú le quitas eso y pueden cerrar la compañía de Turismo mañana”, sentenció Vega.
Finalmente, la organización opinó que no se deben legalizar las máquinas, pero que, en caso de que se haga, estas deberían cumplir con todos los requisitos que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) exige a los hoteleros para emitirles licencias.