La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el miércoles la aprobación del proyecto de Ley para el Desarrollo de los Recursos de Aguas (WRDA, por sus siglas en inglés) por parte del Senado de los Estados Unidos que ahora pasa al presidente para su firma e incluye sus propuestas para acelerar proyectos para canalización de la Bahía de San Juan y para el control de inundaciones en Puerto Rico por parte del Cuerpo de Ingenieros (USACE, por sus siglas en inglés), así como proyectos de restauración de agua por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y aumento en fondos federales a varios programas.
“Se incluyó en esta legislación, que recoge varios proyectos de ley sobre estos temas, el proyecto de dragado del canal de navegación de la Bahía de San Juan cuya atención expedita fue incorporada a la versión de la Cámara; así como la enmienda de la cual la comisionada es coautora con el congresista por Texas Pete Olson, para que se dé atención prioritaria a obras de control de inundaciones en todos los estados impactos por las recientes tormentas, incluyendo a Puerto Rico”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
Explicó que, sobre la Bahía de San Juan, se aprobó específicamente lenguaje que autoriza al Cuerpo de Ingenieros a proceder con los trabajos del proyecto de dragado de los canales de navegación, para cuyo estudio se habían obtenido asignaciones en el pasado y corriente años fiscales. Este proyecto se estima que requerirá una inversión total de hasta 41,345,840 dólares en fondos federales y 13,781,267 dólares en fondos no federales.
“Será una prioridad ahora asegurar las asignaciones categóricas en el proceso presupuestario para que este proyecto se compete”, expresó la congresista.
La medida incorpora además varias propuestas sobre manejo y protección de recursos de agua a través de los Estados Unidos y sus territorios, tal como una asignación nacional de 100 millones de dólares a través de EPA para otorgar, durante al menos los siguientes dos años, propuestas para restablecer sistemas de agua potable en áreas afectadas por desastres naturales; bajo esta partida se especifica que en el caso de Puerto Rico no se exigirá pareo local.
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Detalló que la Ley autoriza al Administrador de la EPA a establecer un Programa de Resiliencia y Sostenibilidad de la Infraestructura del Sistema de Agua Potable, a otorgar fondos con el fin de aumentar la resiliencia de los sistemas de agua potable a los peligros naturales a través de la conservación del agua o la mejora de la eficiencia en el uso o la modificación o reubicación de la infraestructura existente del sistema de agua potable afectada o a riesgo de verse afectada significativamente por los fenómenos naturales, incluida la contaminación del agua potable por inundaciones.
La EPA además recibe la encomienda de evaluar los sistemas de acueductos comunitarios en toda la nación en cuanto a sus riesgos y resistencia y de proporcionar orientación y asistencia técnica a los acueductos comunitarios que atienden a una población de menos de 3,300 personas sobre cómo realizar evaluaciones de resiliencia, preparar planes de respuesta de emergencia y lidiar con riesgos naturales o vandálicos que puedan amenazar la seguridad del agua potable o afectar significativamente la salud pública de las comunidades e individuos.
Mencionó que otras disposiciones de la ley incluyen que en los estudios de viabilidad para obras de restauración se considere el uso de características naturales o infraestructura natural (por ejemplo, reforestación, restauración de dunas, manglares) es decir, que no siempre necesite ser una pared o un canal excavado.
La ley aumentará en 25 por ciento los límites máximos de elegibilidad de costos bajo el llamado Programas de Autoridades Continuas de USACE (para proyectos más pequeños o ya en curso): de 30 millones de dólares a 37.5 millones de dólares para la restauración por huracanes; de 50 millones de dólares a 62.5 millones de dólares para proyectos en bahías; de 50 millones de dólares a 62.5 millones de dólares para restauraciones de ecosistemas; y de 20 millones de dólares a 25 millones de dólares para emergencias por erosión de cauces de cuerpos de agua.