El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, junto al senador Cirilo Tirado, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, el alcalde de San Lorenzo, Joe Román y los representantes, Javier Aponte Dalmau, Luis Vega Ramos, y Luis ’Narmito’ Ortiz, emplazaron el lunes, al liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a unirse en la demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) y aseguraron que al no unirse, estarían confirmando que la demanda del Gobierno contra la Junta no era otra cosa que un “show para las gradas”.
“La demanda del PNP no tuvo ningún efecto porque era floja. El tribunal federal la desestimó bochornosamente por falta de fundamentos en derecho, determinando así que la demanda era injustificable. Si quieren demostrar que verdaderamente le van a hacer frente a la demanda, deben unirse a la nuestra”, manifestó Hernández Montañez en conferencia de prensa.
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Los tres elementos básicos de la demanda del Partido Popular Democrático son: La inconstitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la JCF, al violentar la cláusula de nombramientos federal dispuesta en el Artículo 2, Sección 2, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos. La JCF se excedió de sus facultades dispuestas en la ley PROMESA al legislar y ejecutar política pública en la aprobación del presupuesto certificado 2018-2019. La privación del derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos de todos los puertorriqueños en la Isla como ciudadanos americanos a tener un sistema de gobierno republicano de separación de poderes.
“Emplazamos al gobernador Ricardo Rosselló, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez a que demuestren que no son lo mismo que la Junta de Control Fiscal, y soliciten la intervención en la demanda del PPD”, sostuvo Hernández Montañez.
Por su parte, el secretario general del PPD, Charlie Delgado, indicó que en el recurso legal se cuestiona la constitucionalidad del ente federal, así como la intervención indebida en el proceso legislativo y la coacción para la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) como requisito para aprobar un presupuesto sin unos recortes adicionales que amenazan la estabilidad de los servicios esenciales.
Mientras el senador Cirilo Tirado expresó que el mensaje por medio de la demanda es que “no somos propiedad de nadie, y que no vamos a estar sujetos a aceptar caprichos de políticos en los Estados Unidos.”
“En nuestro sistema, uno de los derechos fundamentales es a vivir con una garantía mínima de separación de poderes y la junta de control fiscal y promesa violentan ese principio en la medida que junta y mezclan facultades ejecutivas con facultades legislativas como por ejemplo vimos en el proceso presupuestario.”, sentenció Tirado.
