En días recientes, se comenzó a discutir en mayor detalle la reforma contributiva propuesta por el gobernador Rosselló que yace pendiente de la consideración de la Asamblea Legislativa. Esta discusión me recordó una columna publicada para esta misma época en 2014 por el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach. Marxuach esbozaba lo que entendía, y con lo que coincido, son los principios básicos que deben regir cualquier reforma contributiva. Veamos.
Marxuach resumía los principios básicos en lo siguiente:
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1. La reforma debe ser de gran alcance; es decir, todos los componentes del sistema impositivo deben ser objeto de análisis y estudio para así evitar efectos imprevistos que suelen ser el producto de reformas parciales o incompletas.
2. Se debe expandir la base tributaria, lo cual conlleva eliminar muchos de los créditos, deducciones, exclusiones y exenciones legislados a lo largo del tiempo.
3. Se deben reducir las tasas marginales, disminuyendo el incentivo para que las personas dediquen una cantidad de recursos considerable para evitar legalmente el pago de impuestos, y generando así, potencialmente, un aumento en los recaudos.
4. La meta debe ser simplificar el sistema. El Código de Rentas Internas es complicado, injusto e ineficiente, obstaculizando los esfuerzos de administración y fiscalización, así como el cumplimiento con este. Un código más simple generaría costos más bajos de fiscalización y cumplimiento y recaudos más altos.
La administración Rosselló prometió hacer a Puerto Rico un destino más competitivo, y la reforma contributiva nos encamina en esa dirección. El nuevo modelo se compone esencialmente de reducciones de impuestos, simplificación del Código de Rentas Internas y un Nuevo Código de Incentivos. Así cumple cabalmente con los principios básicos esbozados por el CNE dentro de la realidad del Puerto Rico de 2018.
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Se pretende incentivar el trabajo y fomentar el crecimiento económico devolviéndoles a los contribuyentes $451 millones para el 2019 y llegando a $849 millones anuales a partir del año 2023, con la reducción en tasas contributivas a individuos y corporaciones, la reducción del IVU, la eliminación del B2B y el Crédito por Trabajo. Este nuevo modelo se financiará con fuentes determinadas para que tenga un efecto neutral en el presupuesto: $300 millones de ahorros en incentivos de industrias que no producen y otros ajustes al modelo contributivo para tener una mayor captación y reducir la evasión. Además, se implementarán medidas para asegurar que los ingresos, deducciones y ganancias de las personas por cuenta propia y corporaciones sean verificables para no sobrecargar la obligación del asalariado y poder reducir las tasas contributivas a todos.
Por otro lado, con el Nuevo Modelo Contributivo, se pretenden eliminar los incentivos que no rinden retorno de inversión. Por años, en Puerto Rico se han otorgado incentivos y créditos contributivos sin medir asuntos básicos, como su impacto en la economía, los empleos que generan y lo que aportan a las arcas del Gobierno. Ahora se presenta un Nuevo Código de Incentivos que establece como requisito el retorno de inversión a la hora de otorgar el beneficio.
Al evaluar cómo la reforma contributiva propuesta por el gobernador Rosselló cumple con los principios básicos antes discutidos, no podemos perder de perspectiva la realidad de Puerto Rico en 2018. Por más de 10 años, la isla ha experimentado una debacle financiera con la pérdida de actividad económica, empleos y población. La administración García-Padilla remató la economía a fuerza de unos 100 impuestos nuevos como, por ejemplo, el aumento del IVU de 7 % a 11.5 %; el B2B, la crudita, la patente nacional, entre otras; sin reducción alguna en los gastos del Gobierno. Ante el panorama fiscal nefasto que ha enfrentado la administración Rosselló, la reforma contributiva propuesta no solo cumple con los principios básicos de una reforma bien pensada y estructurada, sino que encamina las finanzas de Puerto Rico en la dirección correcta.
