Denuncian gobierno federal impone colonialismo y viola derechos humanos a boricuas

Thomas Rivera Schatz solicitó a la Organización de Estados Americanos a que tomen acción contundente

Por Cybernews

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, urgió el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que exijan a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que cesen su “indiferencia y la manipulación de conceptos jurídicos para imponer de manera unilateral el colonialismo que menoscaba los derechos humanos de los ciudadanos americanos en Puerto Rico”.

“Creo en la grandeza democrática de las instituciones y los valores fundamentales de nuestra nación, los Estados Unidos de América. También valoro las evoluciones igualitarias que ha tenido desde su fundación al costo de muchas vidas y sacrificios. Lo anterior, sin embargo, no significa que patrocine las inequidades de aquellos funcionarios federales que ocupen las posiciones de poder político en esas instituciones nacionales”, dijo dijo Rivera Schatz en declaraciones escritas.

Los comentarios del líder senatorial son parte de su ponencia sometida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en apoyo a las querellas que fueron presentadas en ese foro interamericano por el exgobernador Pedro Rosselló y el licenciado Gregorio Igartúa.

“Mis expresiones están dirigidas a las cuestionables actitudes de algunos de esos funcionarios y no a los valores nacionales; tampoco a nuestros conciudadanos. Ser buen americano es levantarse y protestar contra los remanentes de la segregación, la desigualdad y el discrimen que aun lesionan la Constitución y la bandera de nuestra Nación; que lesionan los verdaderos valores igualitarios de nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión; y también al sistema de Derechos Humanos promovido por la comunidad interamericana, agregó al referirse al problema colonial de Puerto Rico.

Denunció que el gobierno federal no ha actuado afirmativamente tras los resultados de los plebiscitos realizados en 2012 y 2017, en los que, según dijo, “los ciudadanos americanos de Puerto Rico rechazaron con mayorías absolutas la continuidad del actual sistema colonial; y también con mayorías absolutas reclamaron la igualdad de derechos y deberes con la estadidad”.

También solicitó a la OEA que le exija al gobierno de Estados Unidos que “procedan de inmediato a la reparación del evidente menoscabo de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos americanos de Puerto Rico por la vía constitucional, política o internacional”.

De otra parte, en su ponencia, Rivera Schatz afirmó que no hay en la Constitución federal una sola frase que valide, obligue u ordene al gobierno de Estados Unidos a discriminar y segregar a los ciudadanos americanos, ni siquiera por razones territoriales o coloniales. Subrayó que, incluso, tampoco hay esa obligación en el texto de la Cláusula Territorial.

“Lo que estamos planteando aquí es que la discreción, las interpretaciones y las prácticas políticas que han ejercido unilateralmente sobre Puerto Rico los funcionarios y jueces federales a través de esa Constitución durante 120 años, han menoscabado los Derechos Humanos de los ciudadanos americanos en la Isla privándoles, incluso, del derecho a votar y estar representados en igualdad de condiciones dentro del gobierno federal que rige todos los aspectos de sus vidas, sus derechos y su economía”, agregó Rivera Schatz.

El también miembro del Partido Republicano, explicó que Estados Unidos se auto proclama como portaestandarte de la democracia mundial, pero utiliza interpretaciones rebuscadas de sus funcionarios y jueces federales para continuar transgrediendo los derechos humanos y civiles de 3.3 millones de sus propios ciudadanos en Puerto Rico con un sistema colonial, mientras exige democracia en Cuba para que todos los cubanos puedan votar para elegir a los funcionarios del gobierno de ese país que toman decisiones sobre sus vidas, derecho y economía.

“En contradicción a los reclamos que el gobierno de Estados Unidos hace para Cuba, desde 1898 toda ley del Congreso; toda determinación del Presidente; toda reglamentación de sus agencias ejecutivas; y toda interpretación de los tribunales federales se imponen unilateralmente por encima de las leyes y los funcionarios de la Isla. Es evidente que el Gobierno federal rige todos los aspectos de las vidas y la economía de los ciudadanos de Puerto Rico, pero les niega la igualdad de derechos y deberes para privarlos de su derecho a votar en las elecciones de ese Gobierno federal que rige y controla sus vidas. Ese sistema de violación de derechos fundamentales, humanos y civiles tiene que acabar bajo la bandera de los Estados Unidos”, exigió Rivera Schatz.

Con relación a la estadidad, el presidente del Senado explicó a la OEA que “si a Puerto Rico se le permitiera la igualdad de derechos y oportunidades, entonces podría convertirse en un estado de la unión próspero y aportador al bienestar nacional. Los ciudadanos americanos de Puerto Rico han cumplido con todos los deberes que el gobierno federal les ha permitido”.

No obstante, Rivera Schatz hizo una relación del discrimen que, a su juicio, el gobierno federal impone sobre la isla debido a que el actual sistema colonial les otorga esos poderes.

“Es importante anotar que el reconocimiento federal a la igualdad de derechos, deberes y beneficios para Puerto Rico supone que el gobierno de Estados Unidos tendría la obligación constitucional de aumentar sus asignaciones económicas federales en por lo menos 15 mil millones de dólares anuales adicionales; lo que le correspondería a Puerto Rico en igualdad de derechos y deberes con los ciudadanos residentes en un estado de la Unión con igual población y nivel de pobreza. Por ejemplo, solo durante la década 2001-10, esta desigualdad provocó a Puerto Rico la pérdida de 130 mil millones de dólares adicionales en fondos federales que habrían evitado la crisis presupuestaria y financiera que padece la isla” sostuvo el presidente senatorial.

Explicó que, en ese escenario de igualdad, la situación de Puerto Rico no sería distinta a 34 de los 50 estados de la Unión que, actualmente, reciben más fondos del Tesoro federal que los aportados en contribuciones federales por sus respectivos ciudadanos y empresas.

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